El complejo agroexportador atraviesa uno de sus mejores momentos en años, pero una negociación salarial estancada comenzó a generar demoras en los puertos privados de todo el país y amenaza con complicar una cadena que necesita mantener el ritmo. El impacto ya se siente especialmente en Bahía Blanca, uno de los principales nodos bonaerenses para la salida de granos.
Entre enero y julio de 2026, el sector agroexportador facturó $25,42 billones, un 51,5% más que en el mismo período del año anterior, según datos elaborados sobre información del INDEC. El crecimiento respondió a una combinación de mayor volumen exportado, suba del tipo de cambio y mejora en el valor de la mercadería vendida al exterior.
En ese contexto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y URGARA, el sindicato de recibidores de granos, mantienen abierta la paritaria de la rama puerto privado desde hace semanas. La negociación quedó bajo una conciliación obligatoria dictada el 19 de agosto y tendrá una nueva audiencia el próximo 9 de septiembre.
Una disputa que ya impacta en Bahía Blanca
Uno de los centros de la discusión son las horas extraordinarias. El punto que traba el acuerdo tiene que ver con las horas extraordinarias. Delegados del gremio comunicaron a las terminales que no las realizarían ni aceptarían la derivación de personal entre sectores, algo que la legislación laboral ampara: la ley establece que la hora extra es opcional, no obligatoria. Para la CPPC, en cambio, esa decisión equivale a una medida de fuerza encubierta.
La decisión comenzó a repercutir en la operatoria y por ejemplo generó demoras en los accesos al puerto de Bahía Blanca. Desde el sector empresario llegaron a mencionar extraoficialmente unos 400 camiones varados, aunque fuentes al tanto de la negociación relativizaron esa cifra y señalaron que el problema principal es la acumulación progresiva de vehículos producto de una menor capacidad operativa.

La situación abrió, además, una segunda discusión entre las partes: la Cámara sostiene que el sindicato rompió la conciliación obligatoria mediante estas maniobras, al considerar que la negativa a realizar horas extras constituye una medida de fuerza encubierta. Desde el gremio rechazan esa interpretación y sostienen que los trabajadores tienen derecho a decidir si realizan o no horas extraordinarias.
La diferencia no es menor, porque de su interpretación dependerá también cómo avance el conflicto en los próximos días, mientras la conciliación obligatoria se acerca a su vencimiento.
Una brecha salarial que mantiene trabada la negociación
La CPPC sostiene que ofreció un incremento del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, además de una suma extraordinaria de hasta $359.095 para la tercera categoría, con un esquema de pago acelerado desde agosto.
Según la cámara empresaria, la distancia con el reclamo gremial ronda los tres puntos porcentuales. Desde el sector agroexportador consideran que la diferencia es acotada frente al volumen del negocio y que el acuerdo debería cerrarse para evitar que las dificultades logísticas se profundicen.
Mientras tanto, Bahía Blanca empieza a mostrar las consecuencias de una disputa que excede la mesa paritaria. Con un volumen récord de exportaciones y compromisos de embarque en curso, cualquier demora en uno de los principales puertos bonaerenses puede trasladarse rápidamente al resto de la cadena.
La próxima audiencia del 9 de septiembre será así una instancia clave para intentar destrabar el conflicto, determinar el alcance de las medidas adoptadas y evitar que una negociación salarial termine convirtiéndose en un problema mayor para la operatoria agroexportadora.

