La paciencia de los vecinos de La Plata, especialmente en las zonas de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells y Hernández, llegó a su límite tras más de 50 horas de oscuridad. Ante la magnitud de la crisis generada por el incendio en la Estación Transformadora Tolosa, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA), tomó cartas en el asunto y lanzó una ofensiva administrativa contra la empresa Edelap.
El objetivo es determinar responsabilidades por el siniestro ocurrido la madrugada del lunes y garantizar que los damnificados sean debidamente compensados por el desastre.
Investigación a fondo y plazos mínimos
La medida más contundente es el inicio de un procedimiento sumarial para esclarecer qué causó la explosión y el posterior colapso de la estructura en la planta de Tolosa.
Desde el organismo de control no se anduvieron con rodeos e intimaron a la distribuidora a presentar, en un plazo máximo de 24 horas, una montaña de documentación técnica que incluye registros del sistema SCADA de las seis horas previas al evento, informes de mantenimiento y las filmaciones de las cámaras de seguridad del predio.
Esta investigación busca determinar si hubo negligencia o falta de inversión que facilitara el inicio del fuego a las 2:30 de la madrugada, momento en el que 61521 usuarios quedaron fuera de servicio de forma instantánea. Para la provincia, no se trataría solo de un accidente fortuito, sino que evaluará si la empresa cumplió con sus obligaciones de operación y mantenimiento, o si existieron incumplimientos que agravaron las consecuencias para la población.
Sin factura y con reintegros
La noticia más esperada por los platenses que vieron cómo se pudría la comida en sus heladeras y cómo sus barrios se convertían en una “boca de lobo” podría ser el alivio económico directo.
El OCEBA confirmó que aquellos usuarios afectados por los cortes prolongados no deberán abonar la factura del período en curso. Pero el castigo para Edelap no termina ahí: la empresa está obligada a resarcir a comercios y hogares por las pérdidas materiales sufridas, ya sea por alimentos echados a perder o electrodomésticos dañados por la inestabilidad de la red.
Para canalizar estos reclamos, la distribuidora deberá implementar un procedimiento específico de atención a los usuarios. En caso de que la empresa ponga trabas o no cumpla con las indemnizaciones, los vecinos podrán acudir directamente al organismo de control para denunciar el incumplimiento.
Esta medida busca paliar, al menos en lo económico, el drama de familias que, como relatan los testimonios en las calles, perdieron mercadería por valores que superan los 180.000 pesos, una cifra que coincide con lo que muchos pagan mensualmente por un servicio que hoy brilla por su ausencia.
Sanciones y coordinación judicial
El organismo de control está trabajando en sintonía con la Dirección Provincial de Defensa Civil y aguarda los resultados de las pericias judiciales que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci.
Una vez que la justicia determine el origen del fuego, esos datos se sumarán al expediente del OCEBA para definir las sanciones finales, que prometen ser ejemplificadoras de acuerdo al marco regulatorio vigente.
Mientras tanto, la normalización del suministro avanza a cuentagotas mediante la reconfiguración de redes y el despliegue de generadores móviles en puntos estratégicos, pero la desconfianza vecinal persiste.
La provincia mantendrá la fiscalización sobre Edelap hasta que se cuente con todos los elementos para cerrar el sumario. Lo que queda claro es que este apagón marca un antes y un después en la relación con la concesionaria, que ahora deberá rendir cuentas no solo ante los organismos técnicos, sino ante miles de platenses que exigen justicia por las pérdidas y el abandono sufrido en medio de la oscuridad.
