El gobierno de Javier Milei le pidió a la provincia de Buenos Aires un informe y la evaluación de posibles sanciones contra una docente de Pilar que cuestionó en un acto escolar la política migratoria de Donald Trump contra inmigrantes latinoamericanos.
La solicitud fue realizada por el ministerio de Capital Humano de la Nación que conduce Sandra Pettovello a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a raíz de un presunto adoctrinamiento a niños del nivel primario.
El reclamo fue formalizado luego de conocerse un video viral en el St. John’s School de Pilar en el que una docente – luego se indicó que se trató de una inspectora de la DIEGEP- cuestionó el trato de Trump a los inmigrantes y en el que reivindicó el mensaje del cantante Bad Bunny en el show de entretiempo del Súper Bowl
“Al señor Trump no le gustan las diferencias y está expulsando de su país a quienes considera diferentes o menos personas” sostuvo en referencia a los férreos controles contra la inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Desde la cartera nacional consideraron que si se confirman los hechos “podrían encuadrarse como adoctrinamiento partidario en el ámbito escolar” que afectan “la integridad psicológica, el derecho a la correcta educación cívica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes”.
En ese marco, desde el gobierno de Milei mencionaron que la Constitución provincial establece que la educación “debe respetar la libertad de conciencia” y que el Reglamento General de Instituciones Educativas bonaerense “prohíbe la colocación de símbolos de partidos políticos”.
A través de la nota enviada a la provincia, los libertarios piden saber si “se inició una investigación para determinar la veracidad de los hechos” y “qué medidas se tomarán si se conforman” y con qué “mecanismos cuenta la Dirección de Educación para sancionar situaciones de adoctrinamiento”.
Desde Provincia indicaron a INFOCIELO que el caso se está analizando y mostraron preocupación por el accionar del ministerio nacional al “avanzar en la divulgación de hechos que no se comprueban y con faltante de información (según la misma comunicación oficial)” alertaron.
Por otro lado, pusieron en debate las atribuciones de una Secretaría Nacional para inquirir o investigar sobre las políticas y hechos de jurisdicción provincial.
