El arranque del año fiscal revela que el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó 22% real frente a 2023. La motosierra de Javier Milei afecta prácticamente todas las funciones del Estado y, sobre todo, a las áreas con impacto directo en derechos, bienestar y actividad económica.
Sólo dos rubros se mantienen a salvo del recorte: los servicios de deuda y la Secretaría de Inteligencia, que concentra el espionaje oficial y que, de la mano de sus célebres gastos reservados, sostiene un circuito de pauta clandestina, los trístemente célebres “sobres”.
Según un informe del CEPA basado en datos oficiales, en salud, programas críticos como Acceso a Medicamentos (-83%), Enfermedades Endémicas (-54%) y Vacunas e Inmunoprevenibles (-99%) presentan desplomes que, en términos técnicos, implican paralización. En educación, la situación es similar: Conectar Igualdad y FONID no tuvieron ejecución (caída del 100%), las becas retrocedieron 63% y la infraestructura escolar quedó prácticamente en cero.
El cuadro se repite en ciencia y tecnología, con caídas del 76% en Promoción de la Investigación, 21% en CONICET y 41% en el Servicio Meteorológico Nacional. Desarrollo Social también muestra un vaciamiento: Niñez cae 72%, Alimentar 36%, y programas completos como Comedores Comunitarios, Economía Social o Primera Infancia directamente no registraron ejecución.
Provincias, obra pública y fuerzas federales también soportan el golpe
Las inversiones en infraestructura —vial, hidráulica, municipal y de saneamiento— registran caídas del 96% al 100%, lo que equivale a una paralización extendida. Las transferencias a provincias tampoco quedan afuera: el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires fue recortado en 100%, y la asistencia técnica a municipios retrocedió 97%.
En seguridad y defensa, el ajuste también es significativo: Policía Federal (-38%), Prefectura (-32%), Gendarmería (-29%) y las tres Fuerzas Armadas entre -15% y -18%. Incluso organismos de control y transparencia, como la Agencia de Acceso a la Información Pública o la Defensoría del Pueblo, caen cerca del 40%.
En síntesis: la poda es generalizada y afecta a políticas esenciales para salud pública, protección social, producción, investigación, infraestructura y federalismo fiscal.
Deuda e inteligencia: las dos excepciones
Frente a este cuadro, solo dos áreas quedan fuera del patrón de recorte:
– Servicios de la Deuda Pública: representan el 8% del gasto total de enero y mantienen su peso como uno de los núcleos duros del esquema presupuestario.
– Secretaría de Inteligencia del Estado: es la única jurisdicción que muestra una suba real de 69% respecto a 2023. En un Estado que retrae su capacidad operativa casi en todos los frentes, este aumento se vuelve el dato más disruptivo del informe.
