La disputa entre el Gobierno nacional y los controladores aéreos volvió a ser contenida por vía administrativa, al menos por una semana más. En un escenario de alta circulación de vuelos y con miles de pasajeros en tránsito por el país, la Secretaría de Trabajo resolvió extender por cinco días hábiles la conciliación obligatoria que rige en el conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
La prórroga, que se extenderá hasta el 26 de enero a las 8 de la mañana, mantiene suspendidas todas las medidas de fuerza del gremio y desactiva, por ahora, el riesgo de paros que podrían impactar de lleno en la operatoria aérea en plena temporada alta. La decisión oficial se apoya en la normativa vigente, que habilita a la autoridad laboral a otorgar una ampliación adicional del período conciliatorio cuando persisten instancias de diálogo abiertas.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el viernes 23 a las 11, instancia que aparece como clave para intentar acercar posiciones en una negociación salarial que lleva meses sin resolución. Hasta entonces, el funcionamiento de Aeroparque, Ezeiza y el resto de los aeropuertos del país continuará sin modificaciones.
EANA presta servicios esenciales de navegación aérea y se encuentra alcanzada por un régimen especial. En ese marco, la legislación impide al sindicato disponer paros sorpresivos o intempestivos y establece que cualquier medida de fuerza debe ser informada con al menos cinco días de anticipación, además de no poder afectar a más del 45% de las operaciones totales. Durante la vigencia de la conciliación obligatoria, ATEPSA no puede impulsar paros, asambleas ni retenciones de tareas que alteren la actividad aérea.
Un conflicto que no cede
Desde la empresa estatal reiteraron su “voluntad de diálogo” y su intención de alcanzar una solución consensuada que evite consecuencias negativas sobre los pasajeros, los trabajadores y el sistema aeronáutico en su conjunto. La tregua administrativa, vigente desde el 23 de diciembre y ahora extendida, permitió neutralizar las medidas gremiales, aunque la paritaria sigue sin cerrarse.
Del lado sindical, ATEPSA sostiene que el conflicto es resultado del fracaso de las negociaciones y del incumplimiento de compromisos asumidos con anterioridad. El gremio, conducido por Paola Barritta, ya protagonizó una serie de medidas de fuerza a lo largo de 2024: en julio se dictó una primera conciliación obligatoria en la antesala de las vacaciones de invierno; en agosto se realizaron tres jornadas de paro nacional; en noviembre se desplegaron nueve días de protesta focalizados en vuelos de carga y capacitación técnica; y en diciembre se concretaron dos paros que afectaron vuelos de pasajeros, lo que derivó en la actual intervención estatal.
El frente judicial del conflicto
El conflicto, además, se trasladó al plano judicial. En los tribunales federales se investigan dos ejes centrales: por un lado, un presunto fraude administrativo vinculado a un acta paritaria firmada a fines de 2023, en la que figuran como responsables la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto, y la propia Barritta, por la supuesta incorporación de aumentos salariales anticipados para 2024 que no constan en los registros oficiales. Por otro, la empresa presentó denuncias penales contra el gremio por acciones que, según sostiene, habrían puesto en riesgo la seguridad operacional, como la colocación de elementos sindicales en torres de control.
La extensión de la conciliación obligatoria vuelve a colocar al Gobierno en una posición de equilibrio delicado. Mientras el área económica sostiene una política de austeridad y control del gasto, la operatividad del transporte aéreo depende de un recurso humano altamente especializado y difícil de reemplazar. Los controladores aéreos conservan un poder de presión significativo que, de reactivarse tras el vencimiento del plazo, podría comprometer la estabilidad del sistema aerocomercial en todo el país.
Por ahora, la intervención de la Secretaría de Trabajo busca ganar tiempo, sostener el diálogo y preservar la normalidad de un servicio considerado crítico. La audiencia del 23 de enero asoma como un punto de inflexión en un conflicto que, aunque contenido, sigue abierto y bajo una atenta mirada pública.
