Un proyecto de ley presentado por la diputada de Unión por la Patria, Ayelén Rasquetti (Frente Renovador) en septiembre, encendió una dura pulseada con las principales empresas de combustibles. La iniciativa busca que las petroleras y estaciones de servicio informen los cambios de precios con al menos 72 horas de anticipación, tanto a la autoridad de aplicación como a los consumidores.
“El lobby petrolero se movió rápido por la plata”, lanzó Rasquetti, luego de que representantes del sector se movilizaran para frenar el avance del texto en la Cámara de Diputados. A pesar de la presión, la Comisión de Servicios Públicos aprobó este jueves el dictamen por mayoría, y el proyecto será tratado la próxima semana en Legislación General, con la intención de llegar al recinto en los próximos 15 días.
La diputada señaló que “resulta preocupante que algunas compañías pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y que se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos”. En esa línea, advirtió que la resistencia de las petroleras “muestra un intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios”.
“No entiendo por qué les cuesta tanto informar los aumentos”, añadió Rasquetti, quien recordó que hasta junio existía una ley nacional derogada por el gobierno libertario que exigía comunicar los incrementos. “Dejaron a los consumidores a la merced de los empresarios que entre gallos y medianoche deciden cambiar las tarifas”, sostuvo.
“LLEGARON CON EL SURTIDOR A VARIOS DESPACHOS”
Según pudo reconstruir INFOCIELO, representantes de las empresas estuvieron dialogando con representantes del bloque libertario y el PRO tratando de que este proyecto no avance. Algunos legisladores recibieron una carta de la Unión Industrial de la Provincia instando a que se deje de lado el tratamiento de dicho proyecto por “el mismo genera una duplicación innecesaria respecto de normas nacionales ya vigentes que garantizan la protección de los consumidores, el acceso a la información y la promoción de la competencia”.
El dialogo fue con todo el arco opositor y desde las petroleras se intentó hasta último minuto poder torcer voluntades. Hoy se vio a “lobbistas” de YPF por los pasillos de la Legislatura saliendo de algunos despachos opositores. “Iban de despacho en despacho, les pasaban el teléfono a los diputados para que hablarán con alguien del otro lado, estaban desesperados, hasta creo que tenían un surtidor de Infinia portátil”, afirma una fuente legislativa.
Luego de esas reuniones, tanto Sofía Pomponio y Fernando Compagnoni (LLA) y Rita Sallaberry del PRO, votaron en forma negativa en la comisión de Servicios Públicos, tal como aspiraban las empresas. Esos tres votos no alcanzaron a torcer el resultados por los votos afirmativos de Ariel Archanco, Carlos Puglelli, Viviana Guzzo, Leonardo Moreno, Avelino Zurro y Ricardo Lissalde, todos de Unión por la Patria, Sabrina Sabat y Constanza Moragues Santos (Unión y Libertad). Se abstuvo el radical Emiliano Balbín y estuvo ausente Claudio Rossi.
LAS SANCIONES Y EL RESPALDO JURÍDICO
El proyecto contempla fuertes sanciones para quienes incumplan la obligación de informar los aumentos. En el caso de las petroleras, las multas irían desde 5.000 a 150.000 litros de nafta súper, y podrían llegar hasta la suspensión de la habilitación comercial en casos de reincidencia.
Para las estaciones de servicio, las sanciones serían equivalentes al valor de entre 100 y 500 litros de nafta súper. Desde el massismo remarcan que la Provincia tiene plena competencia para legislar en materia de defensa del consumidor y transparencia comercial, especialmente en bienes estratégicos como los combustibles.
El proyecto también establece que las empresas deberán colocar carteles visibles en los surtidores e informar los aumentos en medios digitales con al menos 48 horas de anticipación.
Sin embargo, esa exigencia fue la que más resistencias despertó en las cámaras empresariales del sector, que enviaron cartas a la comisión legislativa expresando su rechazo al texto.
LAS PETROLERAS ADVIERTEN POR DESABASTECIMIENTO Y CONFUSIÓN
Desde la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA) alertaron que anticipar los aumentos podría “generar picos de demanda y desabastecimiento”, ya que muchos consumidores intentarían cargar combustible antes de la suba. “Esto ya se vivió en 2023, cuando los incrementos provocaron récords de demanda”, indicaron.
Las empresas también plantearon dificultades operativas: las normas actuales las obligan a mostrar los precios vigentes, y anticipar los valores futuros —dicen— “provocaría confusión entre clientes y empleados”.
Por otro lado, YPF y otras compañías que aplican esquemas de precios variables durante el día aseguran que sería imposible anticipar los valores con 72 horas de margen. “Tendríamos que emitir varios anuncios por día, lo que generaría confusión y problemas en la rendición de ventas”, señalaron en sus presentaciones.
CRÍTICAS DE LA INDUSTRIA Y LA ADVERTENCIA DE LA UIA BONAERENSE
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) también se sumó a las objeciones. En una carta firmada por Mariano Mayo y Alejandro Gentile, la entidad afirmó que la norma podría tener efectos contraproducentes, al incentivar comportamientos uniformes entre empresas y reducir la competencia efectiva.
“La obligación de publicar precios anticipadamente afectaría a los consumidores bonaerenses, provocando aumentos repentinos de demanda y posibles quiebres de stock”, sostuvieron.
Además, desde la industria remarcan que los usuarios “ya cuentan con canales de información suficientes”, como los carteles visibles en las estaciones de servicio, para garantizar la transparencia y la competencia.
