En una nueva vuelta de tuerca judicial, Javier Milei volvió a escudarse en la idea de que sus redes sociales son un espacio “personal” y no parte de su rol institucional, para defender el posteo en el que calificó de “kukas” a Ian Moche, un niño de 9 años con autismo. La estrategia se apoya en un argumento que el propio Presidente ha desestimado cuando se trata de otros: invocar la libertad de expresión, a pesar de que, desde que asumió, ha denunciado a periodistas por “injurias y calumnias” y su gobierno ha perseguido penalmente expresiones críticas, como ocurrió con la detención inmediata de un manifestante que, en una declaración callejera, lanzó la frase (repudiable) “había que matar a Milei”.
En el escrito presentado ante la Justicia, en el marco de la causa iniciada por la familia Moche, el mandatario sostuvo que “el reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido, y respecto de cuestiones de interés público en el contexto del debate público”. Un argumento poco válido, que de igual forma lo mantiene entre la espada y la pared en el caso $LIBRA, en el que actuó desde su cuenta como Presidente, pese a insistir en lo contrario.
Entre la libertad de expresión y el rol presidencial
A través de sus abogados, Milei consideró que la demanda en su contra es “improcedente, confusa y carente de sustento jurídico”, y afirmó que “no se le puede formular reproche alguno” en términos personales. Negó que la cuenta @JMilei sea oficial, que el tuit constituya una agresión al honor de Ian, que repostear sea “ratificar o legitimar agravios” o que se haya causado un “daño irreparable, grave, inminente”. También rechazó que el “interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política” en este caso.
Lejos de retractarse, el Presidente incluso intentó desacreditar la denuncia, insinuando que detrás de la presentación judicial había una motivación ideológica: “La interpretación subjetiva y la irritación o inquietud que pueda sentir el actor, o en este caso daría la apariencia que más bien su letrado patrocinante (…) no es óbice para ejercer una censura et-post y menoscabar el derecho a la libertad de expresión y aplicar la cultura de cancelación hacia la opinión con la cual no simpatizan”.
Milei insistió en que el tuit denunciado “no es un acto estatal” sino “una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”. Según él, sus críticas no apuntaban al niño ni a su familia, sino al periodista mencionado en el tuit original: “El tweet claramente fue una opinión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido” quien “goza de la máxima tutela constitucional que pueda darse a una (libertad de) expresión”.
Finalmente, y pese a los pedidos de la familia para que elimine el posteo, Milei rechazó esa posibilidad: “Si se considerara que el tweet es una información en lugar de una opinión (…), tampoco es admisible su remoción, dado que no se ha actuado con real malicia, sino con buena fe”, concluyó, solicitando que la denuncia sea desestimada.
