El Defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, Walter Martello, advirtió que el Gobierno frenó obras de AySA al 80% de avance para mostrar ineficiencia, bajar el precio de la empresa y facilitar su venta. Alertó que el modelo replica las maniobras de los 90 y pone en riesgo el derecho al agua en el Conurbano.
El anuncio del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de AySA reactivó un debate conocido: ¿es el vaciamiento estatal una estrategia deliberada para justificar la entrega de servicios esenciales? Para Walter Martello, Defensor del Pueblo adjunto de la Provincia de Buenos Aires, la respuesta es afirmativa y la maniobra responde a un libreto que “ya vimos en los años 90”.
“Lo de AySA es bien de manual. Había obras que estaban al 80% de su culminación en diciembre de 2023, como la tunelera que traía agua del Río de la Plata hasta Esteban Echeverría, y se frenaron de inmediato. Eso no fue casual: buscan mostrar ineficiencia en la prestación del servicio y bajar el precio de la empresa de cara a la privatización”, sostuvo Martello en una entrevista con INFOCIELO Play.
La estrategia, según explicó, combina la paralización de obras estructurales con una fuerte suba de tarifas, que en el caso de AySA alcanzó el 600%. “Primero te muestran que el Estado es ineficiente, desfinancian la prestación y descontinúan obras clave. Luego suben las tarifas para que el negocio resulte atractivo al sector privado. Es la misma zanahoria que veíamos en los 90”, describió.
Privatizar un derecho humano
Martello advirtió que el servicio de agua y cloacas no puede ser tratado como un negocio más. “Así no fuera rentable, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho humano al acceso al agua. El problema es que, al privatizar, el criterio pasa a ser la rentabilidad. Ya vimos lo que pasó con Suez: se recomponen tarifas, pero la inversión no llega, y los barrios vulnerables quedan fuera de toda expansión”, recordó.
El Defensor del Pueblo adjunto destacó que AySA tiene bajo su concesión la Ciudad de Buenos Aires y 25 municipios del Conurbano bonaerense, asentados sobre uno de los acuíferos más importantes del mundo, el Puelches. “La no expansión de las redes de cloacas implica riesgo de contaminación de napas. ¿Una empresa privada va a invertir en esos barrios o va a priorizar las zonas de cobrabilidad asegurada?”, se preguntó.
En ese sentido, remarcó que la decisión de discontinuar las obras tiene un impacto ambiental y social que no parece estar en la ecuación de quienes promueven la privatización. “No es solo una cuestión de tarifas. El acceso al agua y a las cloacas define la calidad de vida y la salud de la población. No puede estar condicionado por la rentabilidad de una empresa”, insistió.
Un DNU que viola tratados internacionales
Martello también cuestionó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que acompañó el anuncio de privatización, ya que faculta a las empresas a cortar el servicio de agua por mora. “Es una barbaridad. Está prohibido por tratados internacionales y fallos judiciales. Hay pronunciamientos de distintas cortes provinciales y el fallo CEPIS de la Corte Suprema que garantizan la razonabilidad tarifaria y la accesibilidad al servicio. Avanzar igual con un DNU es temerario”, sostuvo.
Advirtió que esta decisión aumentará la judicialización y, en consecuencia, volverá menos atractivo el negocio para cualquier inversor serio. “El nivel de litigiosidad que se está generando va a ser un boomerang. A corto plazo, buscan una foto de eficiencia. A largo plazo, se va a traducir en inseguridad jurídica e inversión frenada”, explicó.
“Vamos a contramano del mundo”
Durante la entrevista, Martello remarcó que la decisión del Gobierno va en sentido contrario a las tendencias internacionales. “Berlín y París remunicipalizaron el servicio de agua. Hay 350 ciudades en el mundo que están haciendo el camino inverso al que se propone en Argentina, porque entienden que el agua es un recurso estratégico que debe estar bajo control público”, ejemplificó.
Finalmente, destacó que durante la gestión estatal de AySA hubo una expansión concreta del servicio: “En Esteban Echeverría, por ejemplo, se pasó de un 18% de cobertura a casi el 40% en agua. Las obras estaban en marcha y su discontinuidad es una decisión política que afecta directamente a la población”.
Para Martello, la discusión no pasa por una cuestión ideológica sino por la garantía de derechos básicos: “El modelo de privatización de servicios esenciales fracasó. No podemos repetir los mismos errores”.
