Luego de la detención de los integrantes de la agrupación Revolución Federal, la Justicia federal investiga un “esquema delictivo” y este viernes llevó adelante las declaraciones indagatorias, en las que el líder Jonathan Morel manifestó: “No tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la Vicepresidenta”.
De ese modo, el carpintero de Boulogne que recibió financiamiento por parte de la familia del ex secretario de Finanzas Luis Caputo, intentó desprenderse de la banda de los copitos, acusada de la autoría material del intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
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Sin embargo, en la causa que sigue el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre amenazas a dirigentes del kirchnerismo, el fiscal Germán Pollicita determinó que “se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”.
En el dictamen en el que requirió las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal señaló que “la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales”.
De ese modo, Pollicita parece encaminar la acusación sobre los integrantes de Revolución Federal, como una organización que tuvo como objetivo imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor, un delito que lleva la pena de entre 3 a 8 años de prisión.
Si se tiene en cuenta la línea cronológica desde la aparición de la organización poco antes del invierno de este año, los partidarios de Revolución Federal fueron incrementando sus operaciones de escraches contra dirigentes políticos y movilizaciones en tonos violentos hasta septiembre último.
El propio Jonathan Morel declaró en una entrevista con la Revista Anfibia tiempo antes de conocerse el atentado contra Cristina Kirchner, que las acciones que llevaban a cabo con Revolución Federal tenía por “objetivo que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas”.
No sería la primera vez que un juzgado federal argentino condena a un grupo violento por sus delitos de odio, en tanto que hace escasos cuatro años fue condenado un grupo de neonazis de Mar del Plata por el mismo tipo de figura penal, en un juicio que fue calificado de histórico.
Sin embargo, restaría por dilucidar el financiamiento que obtuvo la organización para llevar a cabo sus operaciones, como su conexión material con el atentado contra la vicepresidenta.
Cabe recordar que el atentado contra la vicepresidenta se investiga en una causa paralela que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, y por la cual se encuentran detenidos como co-autores de intento de homicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
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