El intendente de Capitán Sarmiento y ex administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fue procesado por el juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, en la causa que investiga una supuesta ampliación ilegal en los contratos de concesión de siete corredores viales.
Tras ser notificado Iguacel se manifestó mediante su cuenta de Twitter en la que publicó un titular sobre el rechazo de la Corte Suprema a los pedidos de la defensa de Cristina Kirchner en la causa de “Vialidad” junto al siguiente mensaje: “Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP”.
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En sintonía con la comparación que estableció entre él y la vicepresidenta, el ex funcionario macrista añadió que “otra vez apelaremos con pruebas y testigos. Continuaremos dando la batalla por la verdad esperando q se haga justicia. No somos todo lo mismo”.
La investigación contra Iguacel surgió de una denuncia presentada en 2019 por Ana María Graciela Aleña, secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, quien indicó que “a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales Nro. 1 a 6 y 8 de forma ilegal e irregular“.
Aleña denunció que mediante el accionar de los funcionarios además de beneficiar a las empresas concesionarias de las obras también se “había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación”.
En la denuncia se detalló que los contratos que vencieron en abril de 2016 fueron prorrogados por 12 meses, como estaba estipulado, pero que una vez acabado ese plazo se extendió la continuidad a través de una resolución dictada por Javier Iguacel.
Fue en esa resolución donde, según la denunciante, el ex administrador de Vialidad omitió el decreto 1288 que indicaba que los corredores debían volver a ser licitados y de esta manera continuaron en manos de las mismas empresas que siguieron percibiendo los montos de las tarifas de peaje y el dinero vinculado a mantenimiento y obras de ampliación.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, consideró que hay pruebas suficientes para proseguir con la investigación y de esta manera trajo otra vez a discusión el accionar de los proyectos participación público-privada (PPP) que fueron implementados durante la gestión macrista y que son fuertemente cuestionados por el gobierno actual que denuncia que fueron usados para que “el Estado pierda plata y pocos se llenen los bolsillos”.
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