Casi como un correlato de la decisión presidencial de subsidiar el aumento de cuota de los impagables créditos UVA, el Banco Provincia acaba de tomar una decisión cuanto menos temeraria, que pone en riesgo su patrimonio. Según una denuncia de la oposición, aprobó el financiamiento de 184 viviendas del Plan Procrear que no tienen título de propiedad, ni subdivisión de las unidades funcionales, ni habilitaciones de ningún tipo.
La decisión se consolidó con la mayoría automática de Cambiemos dentro del directorio, y a pesar de las objeciones de la oposición, que propuso canales alternativos para que la solución a los beneficiarios no comprometan a la banca pública bonaerense.
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El título por el cual se van a hacer las transferencias de los departamentos -el boleto de compra venta cuando debería ser por escritura- es débil; y más aún la exposición del Banco, que tendrá garantizada la operatoria del crédito con derechos personales y no reales.
Por eso se barajó como opción la posibilidad de implementar un derecho real de superficie recientemente reglado por el nuevo Código Civil y Comercial, o incluso la figura de Fiduciante adherente. Sin embargo, el oficialismo se opuso y dio a entender que su motivo era la urgencia.
Es que el complejo de viviendas construidas -que incluye 96 dúplex de 2 dormitorios cada uno y 88 departamentos de 1, 2 o 3 dormitorios- se encuentra actualmente en propiedad del Banco Hipotecario como Fiduciario del sistema Procrear y no posee títulos de propiedad, ni escrituras de las unidades funcionales, ni planos.
Tampoco posee el final de obra ni la aprobación de Bomberos para resguardar la seguridad del lugar. Por esos motivos aún no se encuentra subdividido en unidades funcionales, trámite que se debe hacer en el Registro provincial de la Propiedad Inmueble.
Además hay dudas respecto de la responsabilidad de las empresas que intervinieron en la construcción del barrio –la UTE entre DAL Construcciones y TEXIMICO S.A.I.-. Incluso se objetó que las autoridades se negaran a brindar información en torno a la habitabilidad del complejo.
Las dudas de la oposición llevaron al Frente Renovador a movilizar un pedido de informes al Ejecutivo. En concreto, buscan confirmar la aprobación de los créditos, los detalles del proyecto en ejecución, la documentación respaldatoria –final de obra, escrituras, etc-, identidad de las empresas constructoras, presupuesto oficial, propietarios, entre otros.
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