Durante las últimas semanas, la relación entre la Suprema Corte Bonaerense y el gobierno de María Eugenia Vidal contó con varios hechos que destilaron tensión sobre la escena.
El primero -el más explosivo- es la designación del juez porteño, Sergio Torres a ocupar un sillón en el Máximo Tribunal, que fue votada por el Senado provincial. Es que para los supremos, Torres está “flojo de papeles” en cuanto a la comprobación de la residencia de dos años en la Provincia, previo a su nombramiento. Pero además, dato no menor, en casi todo el Poder Judicial consideran a Torres -ex juez federal de la Capital Federal- un “extranjero”, y, hasta algunos van por más: “un invasor”.
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El Senado le dio el aval al pliego de Torres hace más de 25 días, y el decreto de la Gobernadora solicitando que se le tome juramento descansa en el palacio de Calle 13 desde hace tres semanas. Los Ministros no mostraron ningún apuro en incorporar al nuevo miembro. Peor aún: le pidieron un dictamen al procurador provincial, Julio Conte Grand, que acarrea la misma dificultad legal que Torres.
En medio de este tumulto, a finales de abril, la Suprema Corte -mediante una resolución firmada por todos los ministros que la integran- cuestionó severamente la fuerte reducción en las partidas que se asignan a obras para el Poder Judicial y las “dificultades de funcionamiento” producto del mismo ajuste.
La Corte se quejó además por “la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años” que, dijo, “dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia que promueve el Tribunal desde hace años”.
Para completar el combo, ayer se conoció que el Máximo Tribunal falló a favor de un jubilado que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la modificación jubilatoria en el Bapro que implementó Vidal, aprobada en medio de fuertes polémicas en la Legislatura en diciembre de 2017.
En su fallo, los Supremos obligaron al gobierno bonaerense a actualizar los haberes de acuerdo al cálculo anterior, que ataba los aumentos a las subas salariales de los trabajadores activos. El problema es que se generó un precedente que podría tener efecto multiplicador.
Las tres señales son inequívocos síntomas de un malestar que se agranda. Sin embargo, en la Gobernación minimizan los hechos. “Está todo bien”, le dijeron a INFOCIELO, altas fuentes de Calle 6, en torno a la relación con la Suprema Corte. De hecho, este portal pudo saber que hace dos semanas hubo un encuentro informal de los Supremos con la primera plana del vidalismo y no se mencionó ningún malestar.
De la misma manera, en el Ejecutivo aseguran que hay un compromiso para dar respuesta al reclamo presupuestario y que el ministro de Economía, Hernán Lacunza, trabaja junto a referentes del Poder Judicial, para “buscar soluciones” al reclamo de las obras.
Dato no menor, INFOCIELO pudo saber que, sobre el caso Torres, que los Supremos le aseguraron a Vidal que “la semana que viene” le ponen fecha a la aprobación de la designación del ex juez porteño.
Juan Alfaro (ALFA) | @alfajuan
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