La preocupación de las pequeñas y medianas empresas por el impacto de la actual coyuntura económica sumó un nuevo capítulo. Después de haber llevado sus reclamos al Ministerio de Economía sin obtener respuestas concretas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) decidió elevar el planteo al Senado y pidió a los presidentes de todos los bloques que incorporen modificaciones al proyecto de reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, cuyo tratamiento legislativo se aproxima en el Congreso.
El nuevo pedido de la entidad empresaria vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que atraviesa el sector productivo en un contexto marcado por la retracción del consumo, las complicaciones en la cadena de pagos y el endurecimiento de las acciones de cobro impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La ofensiva de embargos y multas sobre las PyMEs aparece como uno de los principales focos de preocupación para un universo de empresas que, lejos de mostrar señales de recuperación sostenida, continúa demandando herramientas para evitar un mayor deterioro.
Según explicó CAME, las modificaciones propuestas buscan aliviar la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y generar incentivos para la regularización voluntaria de las obligaciones tributarias. Entre los puntos centrales figura la reducción de multas, de manera que no se apliquen sanciones durante el denominado “Período de Espera” previsto por ARCA.
Además, la entidad planteó que, en aquellos casos en que el contribuyente regularice su situación dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese plazo, la multa se reduzca en un 50%. La aplicación de la sanción total, sostienen, debería quedar reservada únicamente para quienes persistan en el incumplimiento una vez agotada esa instancia adicional.
Otro de los reclamos apunta a la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme. En paralelo, CAME solicitó la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación. El beneficio alcanzaría tanto a las deudas vencidas al 31 de mayo como a los planes vigentes y aquellos que hayan caducado.
Sin señales de recuperación
La insistencia de la entidad refleja un malestar que persiste entre los empresarios del sector. De hecho, se trata del segundo reclamo público formulado en pocos días: la semana pasada, CAME había presentado estas mismas propuestas ante el Ministerio de Economía, advirtiendo sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar que la presión impositiva y las sanciones profundicen la crisis que atraviesan miles de firmas en todo el país.
Los indicadores económicos tampoco ayudan a disipar las preocupaciones. De acuerdo con datos difundidos por la propia entidad, la producción industrial pyme registró en el primer trimestre una caída interanual del 9,2% y acumuló doce trimestres consecutivos de retroceso. A ello se suma la debilidad del consumo interno y la persistente incertidumbre sobre el rumbo de una eventual reforma tributaria que el Gobierno impulsa en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese escenario, el reclamo de CAME adquiere una dimensión política adicional. A más de dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, distintos sectores productivos continúan reclamando medidas de alivio y mecanismos de contención para sostener la actividad. Tal como reflejaba un informe reciente de Fundar, durante este período se perdieron más de 24 mil empresas empleadoras en la Argentina, un dato que expone que la recuperación prometida por el Ejecutivo todavía no logra traducirse en una mejora palpable para buena parte del entramado pyme.
“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, sostuvo Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME. Desde la entidad insistieron en que resulta indispensable avanzar con medidas que preserven la competitividad de las PyMEs y eviten que las dificultades actuales terminen profundizando el debilitamiento del aparato productivo nacional.
