La Comisión Provincial por la Memoria y otros organismos de Derechos Humanos, presentaron una denuncia ante el Relator Especial Sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, considerando que el ahora desplazado juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias fue destituido “arbitrariamente” y que “constituyó un grave retroceso en materia de institucionalidad e independencia de poderes públicos en la provincia”.
Así, buscan revertir la medida que causó honda polémica en el ámbito judicial y también tuvo sus rebotes en la política bonaerense. Es que Arias fue desplazado en 21 cargos con argumentos un tanto llamativos, como el de “abuso de autoridad” por prohibir desalojos y sus intervenciones en acciones respecto a la inundación de 2013 en La Plata y expedientes relacionados con conflictos de competencia.
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La denuncia ante la ONU también fue apoyada por la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, quienes expresaron su “preocupación” ante el “riesgo” que implica para “la vigencia de los principios republicanos de la división de poderes una inusual intervención del Poder Ejecutivo Nacional”.
Por eso, los denunciantes –entre ellos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Pensamiento Penal y la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos— aseguran que “todos los cargos que se le han imputado al juez Arias están vinculados con el contenido de sus sentencias, las que estuvieron dirigidas a la protección de los derechos humanos y ajustadas al principio de legalidad en el marco de las competencias que la Constitución Provincial y la legislación vigente le asignan al fuero contencioso administrativo”.
Desde los organismos de Derechos Humanos consideran que pese a las imputaciones que se cargaron contra Arias, estas “nunca podrían haber sido el motivo de su destitución”. La “animosidad” que se vio por parte de los miembros que terminaron votando para destituir al juez Arias, es denunciada por los organismos como un “mensaje de disciplinamiento para aquellos jueces y juezas que actúan con autonomía y compromiso en la defensa de los derechos humanos”.
“Las audiencias del jury evidenciaron la parcialidad y animosidad política que condujeron el proceso. En ese sentido, en la presentación ante la ONU, se advierte en particular que uno de los principales impulsores del juicio político fue el diputado oficialista Guillermo Ricardo Castello, quien había denunciado a Arias por haber suscripto una solicitada que, a su criterio, implicaba parcialidad manifiesta y una clara toma de postura política por parte del juez. Pero de la lectura de la resolución queda claro que la parcialidad estuvo del lado del legislador”, manifestaron desde la CPM.
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