Después de que EDENOR presionara a catorce municipios del Conurbano sobre una deuda por el suministro eléctrico utilizado en asentamientos, en San Martín, el gobierno de Gabriel Katopodis consiguió una medida cautelar de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que los costos no recaigan en las arcas municipales y siga siendo responsabilidad de la Provincia.
Los argumentos que podrían darles la razón a las comunas es que, el gobierno de María Eugenia Vidal suscribió acuerdos con las distribuidoras eléctricas que no fueron en consulta con los municipios y que los terminaron perjudicando.
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Ahora, el Municipio de San Martín presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia una acción para que se declare la “inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad inmediata” del Decreto Provincial N° 1289/2019 y del art. 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078, por “desfinanciar y avasallar la autonomía municipal”.
Por ahora, la Corte pidió que ese decreto firmado por la gobernadora, sea “suspendido”, lo que abrió una puerta más que positiva para los municipios.
Como anticipó este portal, La Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) le reclama a los municipios 283.573.306,77 en concepto de suministro de energía eléctrica de los asentamientos bonaerenses por los primeros cuatro meses del año.
De esa suma, el Municipio de San Martín debería hacerse cargo de unos $152 millones de pesos en concepto de costo por consumo de energía eléctrica de los asentamientos ubicados en el partido.
“De esta manera, se perjudican los derechos de los ciudadanos, privándolos de servicios, obras públicas y beneficios contemplados en el presupuesto aprobado por su Cuerpo Deliberativo”, expusieron desde el gobierno local.
A su vez, destacaron que el cálculo utilizado por la distribuidora “está basado en la categoría R2, de consumos medios y altos, cuando en realidad el servicio que se brinda en los asentamientos es de mucha menor calidad”.
La relación entre el gobierno de Katopodis en referencia a la energía ha estado atravesada por numerosos conflictos durante el gobierno de Macri.
El 2 de febrero de 2016, el intendente se había reunido con el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el impacto de las subas de los servicios públicos, y le exigió una Tarifa Social y una Tarifa PyME.
En mayo de 2016, Katopodis acompañó a los clubes de la ciudad, que presentaron una acción de amparo y solicitaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 2. Asimismo, en agosto de ese año Katopodis presentó un amparo para PyMEs de San Martín contra el tarifazo de gas.
En junio de 2017, la Justicia Federal dictó la primera medida cautelar contra el tarifazo, a favor de seis clubes de San Martín, sentando precedente para otras instituciones.
Finalmente, en febrero de 2019, Katopodis abrió la ronda de exposiciones en la Gran Audiencia Pública Nacional contra el tarifazo, en un encuentro reunió a intendentes, legisladores, gremios, cámaras empresarias, red de multisectoriales, asociaciones, defensorías, PyMEs y clubes de barrio.
Asimismo, el intendente participó y expuso en seis de las Audiencias Públicas de gas y de luz que se hicieron en estos 4 años.
Además, en dos ocasiones, el Municipio de San Martín impuso multas millonarias a Edenor por el incumplimiento de la empresa a la ley de Defensa al Consumidor.
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