La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires escribió un nuevo capítulo de su sordo pero intenso tironeo con el Poder Ejecutivo. Esta vez, se trata de una resolución donde el máximo tribunal le pidió al Ministerio de Justicia medidas inmediatas para mejorar el sistema de juicio por jurados.
En concreto, el Máximo Tribunal de la Provincia insistió con la necesidad de que la cartera conducida por Gustavo Ferrari tome acciones “urgentes” para “cumplir con los procedimientos necesarios para la confección de los listados de candidatos a jurados”.
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Según los magistrados, el objetivo es “solucionar diversas dificultades que generan un porcentaje de frustración de las notificaciones para los juicios programados de un 60 por ciento, en lo que va del 2019”. En todo momento, los supremos aclararon que la guarda del proceso está “en cabeza” de Justicia.
En el documento, al que accedió INFOCIELO, consta una advertencia en torno a que “los listados remitidos a la Oficina Central de Juicios por Jurados en los últimos años se han confeccionado fuera de plazo y sin la realización previa de las correspondientes declaraciones juradas y, por ende, de la efectiva depuración exigida por el artículo 338 ter del Código Procesal Penal”.
Para los cortesanos, la ausencia de un filtro previo trae como consecuencia “envíos innecesarios de cédulas, resorteos reiterados de candidatos, pagos de traslados y demoras en el proceso”. “Se suma a esta problemática otra dificultad no menor: la mala calidad del dato vinculado a los domicilios de los ciudadanos incluidos en dichos listados, principalmente por tratarse de información muy desactualizada”, señala el texto.
PREOCUPACION DE LA CORTE PO… by on Scribd
Esto, explican, hace “prácticamente imposible” reunir a 48 personas en una audiencia de selección de jurados e incluso para lograr la asistencia de “la cantidad mínima de 18 ciudadanos”. También le achacan al Poder Ejecutivo que aún no dictó ninguna regulación respecto de las “posibles sanciones de las que será pasible el ciudadano notificado que se negare a cumplir con el rol de jurado para el cual fue designado”.
La resolución tiene fecha del 29 de mayo y lleva la firma de los 6 integrantes que hasta esa fecha tenía el cuerpo. Sergio Torres no fue parte de esa discusión ya que tomó juramento un día después. Este reclamo, justamente, quedó opacado por la complicada llegada del nuevo integrante impulsado por María Eugenia Vidal.
Eduardo De Lázzari (Presidente), Héctor Negri (Vice), Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani pusieron el acento en que las dilaciones para la conformación de los jurados populares es perjudicial para aquellos acusados que están en prisión preventiva y solicitaron ese mecanismo porque serán juzgados por delitos que superan los quince años.
Como ya informó este medio, el ingreso de Torres había sido la última de una serie de diferencias que la Corte viene manteniendo con Vidal, expresadas en este tipo de resoluciones. Las anteriores versaron en torno a la necesidad de avanzar hacia la “autarquía” del Poder Judicial, acelerar nombramientos de jueces y fiscales, la urgencia de dotar de mayor presupuesto a la Administración de Justicia y de acelerar obras indispensables, como el Polo Judicial de Olavarría, que quedó paralizada.
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