Una mujer de Capital Federal asegura que sufre la usurpación de su casa de Monte Hermoso desde principios de la pandemia, y que pese a la denuncia realizada, aún sigue con ocupantes a quienes observa por las cámaras de seguridad.
Luciana D’Alessio hizo pública su situación por redes sociales hace meses y comunicó que le habían robado pertenencias, entre ellas un jeep, y talado árboles del terreno para venderlo como leña.
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Por este hecho, y pese a tener restringido el ingreso al distrito durante 6 meses a causa de la cuarentena, le llegó una notificación del municipio firmada por el asesor letrado, Mariano Prieto, por transgresión a la ordenanza municipal Nº 1913/10 que trata sobre deforestación y tala de árboles.
“Es una injusticia más que pone en evidencia con qué clase de personas estamos tratando. Me hacen responsable a mí por el daño provocado por los usurpadores. No he vuelto a pisar Monte Hermoso desde antes del hecho y además en mayo mandé carta documento al municipio, denunciando la situación y pidiendo ayuda. No sólo no me ayudaron, sino que a sabiendas de la situación de usurpación, me hacen responsable de los hechos de deforestación y de tala de árboles realizados por los usurpadores ”, se quejó a principios de octubre.
Luego, conocida la situación, la comuna la absolvió.
Este lunes, D’Alessio volvió a difundir capturas de las cámaras en su cuenta de Facebook. Denunció que “lamentablemente” nuevos usurpadores y ladrones ingresaron a su propiedad y “en presunta complicidad con una persona que trabaja en la Municipalidad”.
“Las personas ingresaron en un Bora Negro, modelo 2011, patente terminada en 215”, advirtió la mujer, quien además contó que le rompieron un portón de ingreso, instalaron un taller de herrería y hasta realizaron una conexión eléctrica ilegal por la cual el cargo por el servicio se le quintuplicó y supera los 90 mil pesos.
Vale señalar que Monte Hermoso, cuyo intendente es Alejandro Dichiara, aprobó recién el ingreso de propietarios no residentes provenientes de distritos en fase 3, a partir del 26 de octubre. Durante ese lapso, desde el 20 de marzo, se conocieron innumerables cantidades de robos.
La denuncia fue radicada en la fiscalía 9 bajo la IPP 7860-2020. La justicia dictaminó el desalojo, pero increíblemente fue apelado.
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