La crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad volvió a quedar expuesta en Rosario. Instituciones, profesionales, transportistas y familiares participaron de una audiencia en el Concejo Municipal donde reclamaron respuestas ante el atraso de los aranceles y advirtieron que la continuidad de numerosas prestaciones está en riesgo.
El encuentro se desarrolló en el Palacio Vasallo y tuvo como eje la situación económica de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. El diagnóstico que plantearon los distintos sectores fue contundente: los recursos ya no alcanzan para sostener el funcionamiento cotidiano de los servicios.
Mariel Chapero, psicóloga, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Discapacidad de la Facultad de Psicología de la UNR y presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), resumió la gravedad del escenario con una frase: “Nunca vivimos una crisis como la actual”.
“No hay precedentes” de una crisis de esta magnitud.
Chapero explicó que el deterioro del sector no comenzó con la actual coyuntura económica, pero sostuvo que el nivel alcanzado no tiene antecedentes recientes. “No hay precedentes de dificultades que hayan tenido la magnitud de la situación actual”, afirmó. Y agregó que, aunque el sector atravesó atrasos arancelarios y recortes de pensiones durante otros gobiernos, “nunca vivimos algo así”.
Uno de los principales problemas señalados durante la reunión fue el desfasaje entre el costo real de las prestaciones y los valores que reciben las instituciones. Según los referentes del sector, los aranceles vienen acumulando atraso desde 2023 y durante buena parte de 2025 permanecieron sin actualización suficiente.
El impacto se traduce en reducción de personal, menor cantidad de horas de atención y dificultades para afrontar gastos básicos.
Para Chapero, lo que está en juego es “la posibilidad de dar continuidad al trabajo, porque ya no hay de dónde recortar”.
La referente agregó que los profesionales se encuentran “absolutamente precarizados”, mientras que algunas instituciones ya comenzaron a reducir personal y horarios de atención. “Cada prestador está haciendo lo que puede”, señaló, al advertir sobre cuánto tiempo más podrá sostenerse esta situación.
Transportistas: “El sector está al borde de la quiebra”
La problemática también afecta de manera directa al transporte de personas con discapacidad. Pablo Bolego, titular de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), sostuvo que la falta de actualización de los valores llevó al sector a una situación límite. “La falta de aumento para las prestaciones en discapacidad puso al sector al borde de la quiebra”, afirmó.
Bolego advirtió además que, si no se modifican los aranceles, “a fin de año van a quedar el 50 por ciento de los servicios de atención”.
El problema no es solamente económico. La reducción de transportistas significa que muchas personas pueden quedar sin la posibilidad de trasladarse hasta centros de día, instituciones educativas, espacios terapéuticos o tratamientos.
Según datos citados durante el encuentro, Rosario pasó de contar con alrededor de 300 vehículos habilitados para el traslado de personas con discapacidad hace una década a unos 100 actualmente. “Se caen las habilitaciones porque las prestaciones no son rentables”, explicó Bolego.
Para el referente, la crisis afecta a toda una red de atención. “Lo que está en riesgo es el enorme trabajo que realizan para la inclusión de las personas con discapacidad”, sostuvo.
Y resumió el impacto sobre las instituciones: “Son instituciones pequeñas que no tienen margen para sostenerse, que tienen deudas, que han sacado créditos y que se las vieron en dificultades para pagar aguinaldos”.
El reclamo en el Concejo: una emergencia para Rosario
Durante la audiencia también se planteó la necesidad de avanzar con una ordenanza que declare la emergencia en discapacidad en Rosario.
La propuesta busca generar herramientas locales para aliviar la situación financiera de las instituciones y prestadores. Entre las alternativas mencionadas aparece la posibilidad de avanzar con beneficios vinculados a tributos municipales y provinciales, además de otras medidas de acompañamiento.
El Concejo ya cuenta con antecedentes legislativos vinculados a la situación. En documentación municipal se señala que en Rosario funcionan alrededor de un centenar de instituciones relacionadas con rehabilitación, centros de día, escuelas, servicios de apoyo a la inclusión educativa, centros terapéuticos, hogares, residencias y transporte para personas con discapacidad.
La discusión también plantea cuál debe ser el rol del Estado municipal frente a una problemática cuyo financiamiento depende en buena medida de organismos nacionales, obras sociales y prepagas.
Por eso, durante el encuentro surgió otra propuesta: conformar una mesa de trabajo con representantes del Congreso de la Nación, la Legislatura santafesina y el Concejo Municipal, con el objetivo de darle al tema la prioridad que reclaman las organizaciones.
Una crisis que excede a Rosario
El reclamo local se da en paralelo a la discusión nacional por la implementación de la emergencia en discapacidad.
En 2026 continuaron presentándose en el Congreso pedidos vinculados al cumplimiento efectivo de la Ley 27.793, además de iniciativas para reclamar el pago de deudas a prestadores y garantizar las coberturas correspondientes.
En ese escenario, las instituciones rosarinas reclaman que las medidas no queden solamente en declaraciones y que se traduzcan en recursos concretos para sostener las prestaciones.
El diagnóstico planteado en el Concejo fue resumido durante la reunión con una expresión que se repitió entre los participantes: “Es imposible sostener el sistema”.
La preocupación, entonces, ya no pasa solamente por mejorar las condiciones laborales o actualizar los aranceles. Para quienes trabajan diariamente con personas con discapacidad, el desafío es evitar que la crisis termine provocando el cierre de instituciones, la reducción de servicios y nuevas barreras para acceder a derechos básicos como salud, educación, rehabilitación, transporte e inclusión.
