Dirigentes y legisladores de Juntos por el Cambio cuestionaron en bloque el escándalo de “vacunación VIP” en el Ministerio de Salud de la Nación que le costó el cargo a Ginés González García, y que fue destapado por el periodista Horacio Verbitsky, uno de los beneficiarios.
“En Argentina hay dos clases de personas: los ciudadanos que pagan impuestos y con esos las vacunas, y los amigos del poder, que van al Ministerio y se vacunan”, aseguró la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo además que González García “es el responsable y debe tener sanción por utilizar la vacuna como si fuera de su propiedad”.
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“Las vacunas se compran con el esfuerzo de todos los argentinos que pagan sus impuestos y el Ministro de Salud las reparte como si fueran de su propiedad. Es una vergüenza nacional que las vacunas sean para los amigos del poder como Verbistky. Esto merece una sanción YA”, escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.
En tanto, el diputado nacional Fernando Iglesias aseguró: “Si llegan a la superficie militantes kirchneristas de 18 años, vacunados, haciendo los dedos en V, sabemos que esto solo es la punta del iceberg. Primero se vacunan ellos y después el resto”.
“El kirchnerismo habla del rol del Estado, y en lo único que piensan es en cómo apropiarse de todo”, indicó Iglesias, al tiempo que señaló que “siempre han creído que el Estado es de ellos, por eso durante años metieron la mano en la caja del Estado para incrementar su propio patrimonio”.
Por su parte, el diputado Luis Petri cuestionó que “hubo improvisación a la hora de comprar las vacunas pero acá hubo intencionalidad de garantizárselas a personas relacionadas con el Gobierno por sobre personas que las necesitan”.
Finalmente, Waldo Wolff, pidió al Presidente que “si le pide la renuncia a Ginés González García también lo hará con el resto de los funcionarios que se vacunaron”.
El diputado del PRO presentó ayer un proyecto de modificación del Código Penal, que tipifica como delito la asignación de vacunas a quien no corresponda -en el orden de prioridad-, y establece como agravante de la pena que esa persona sea un funcionario público.
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