Asociaciones de defensa de usuarios y consumidores reclamaron al Ministro de Economía, Martín Guzmán, que tenga una participación activa en las audiencias públicas en las que se abordará el cuadro de tarifas de gas y luz, para convertirlo en “la cara del tarifazo”.
La noticia se conoce apenas horas después de que el Ministerio de Economía de la Nación pusiera en marcha ese mecanismo, indispensable para fijar los nuevos valores energéticos. Hasta ahora, tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires autorizaron subas de 20 por ciento, pero podrían escalar más para bajar la intensidad de los subsidios.
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La nota de las asociaciones de consumidores hablan de aumentos en las tarifas del gas natural por redes y energía eléctrica, que vinculan directamente al acuerdo con el fondo Monetario Internacional.
La jugada para exponer a Martín Guzmán es impulsada por asociaciones cercanas al kirchnerismo como DEUCO, Consumidores Argentinos, ACUCC, LIDECO, CODELCO y MUDECO, que solicitaron a través de una nota dirigida al Ministerio de Economía dos cuestiones:
- Por un lado, que las audiencias públicas se hagan de manera presencial, y ya no virtual, toda vez que las medidas de distanciamiento adoptadas para prevenir contagios de coronavirus se dejaron de lado.
- La segunda es que el propio Guzmán presida esa instancia y “brinde el informe a la ciudadanía”. El pedido se funda en que, aseguran, el Ministro de Economía fue quien “llevó adelante las negociaciones” con el FMI y a que el llamado a audiencia “proviene de las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras” acordado con ese organismo.
¿Se viene un aumento de tarifas?
Según trascendidos, la convocatoria a audiencias públicas para fijar nuevas tarifas de luz es el primer paso de la política de reducción de subsidios, que se asocia a las obligaciones contraídas a instancias del FMI para lograr refinanciar la deuda de 47 mil millones de dólares contraída por la administración de Mauricio Macri.
La salida pasaría por una segmentación de acuerdo al poder adquisitivo de los hogares, que redundaría en aumentos que van del 20 al 200 por ciento, con un promedio de 43 puntos, trasversal a todos los sectores.
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