Un relevamiento que encargó el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco del plan de intervención integral que solicitó el juez de la causa, Martín Rizzo, determinó que el 90 por ciento de las personas que se encuentran en la toma del predio de la localidad de Guernica (Partido de Presidente Perón), son desempleados.
En tanto, se contabilizaron 1.904 grupos de familias y un total de 2797 de niños, niñas y adolescentes. Por la toma hay un pedido de desalojo que se prorrogó para el próximo 1 de octubre y el gobierno de Axel Kicillof trabaja a contrarreloj para evitar una salida violenta.
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El predio ocupado es de más de cien hectáreas y según el mismo relevamiento, se observaron al menos 2127 casillas y construcciones que denotan de una situación de extrema delicadeza, en donde una orden de desalojo podría generar costos humanos.
Para buscarle una solución pacífica y encontrar la manera de que las familias puedan acceder a un pedazo de tierra, la Mesa de Articulación analiza diferentes posibilidades. La misma está compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Universidad Nacional de La Plata.
La idea sería reubicar a las familias en las mismas localidades de donde provienen, pese a que según el mismo relevamiento, la mayoría declaró tener domicilio en el Partido de Presidente Perón.
En la toma también participan diferentes movimientos sociales, que por el momento asisten a las familias con alimentos y necesidades de primera urgencia. Algunas de ellas son el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro por la Niñez.
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