Las 2.500 familias que permanecen en la toma de tierras en un predio en la localidad de Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, continúan con un panorama incierto sobre su futuro. Tras la postergación del desalojo, la Provincia busca darle una salida para evitar un desenlace violento. Con la posibilidad latente de ser corridos del lugar, los habitantes coordinan con organizaciones sociales y exigen una intervención del Estado acorde a las circunstancias.
El martes fue un día clave para las familias que se encuentran en Guernica en plena pelea por acceder a una vivienda ya que cuando la policía bonaerense se preparaba para encabezar el operativo desalojo, la Justicia ordenó posponer la medida prevista para los días 23, 24 y 25 y la trasladó para el 1, 2 y 5 de octubre. La gran visibilidad que tomó el conflicto gracias al accionar de quienes resisten en el predio, sumado al pedido de la Provincia junto al de varios organismos como la Defensoría del Pueblo Bonaerense, derechos humanos y espacios de niñez, fueron elementos que pesaron a la hora de la postergación.
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No obstante, la situación no está resuelta y desde la Provincia se intenta ganar tiempo con distintas gestiones para encontrar una solución que por el momento parece lejana. En el comienzo de la semana el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, fue quien presentó el pedido al Juzgado de Garantías N°8 a cargo de Martín Rizzo y el martes mantuvo una reunión con la cuestionada intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.
Mientras se confirmaba oficialmente la decisión de la Justicia en horas de la tarde del martes, Larroque junto al subsecretario de Hábitat de la Comunidad Rubén Pascolini mantenían una reunión con representantes de las familias de Guernica y abogados en La Plata. En el encuentro se intentó descomprimir la situación y acordaron verse nuevamente este viernes.
Fuentes del Gobierno consultadas por INFOCIELO, señalaron que “fue una buena reunión. Se valoró la gestión hecha por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para solicitar la postergación del desalojo”. Por su parte, las organizaciones sociales plantearon la preocupación por la situación y solicitaron respuestas urgentes.
A su vez, la Provincia aseguró que “cualquier solución habitacional implica la participación fundamental de la municipalidad”. El Municipio conducido por Cantero es fuertemente criticado por las familias ya que desde hace meses le reclaman avanzar en mejoras, pero no han obtenido respuestas. De hecho, a fines de julio le presentaron una serie de propuestas en el marco de una mesa de diálogo y no hubo señales positivas por parte de la Comuna.
“La Provincia está diseñando una propuesta integral para intervenir en la problemática estructural del hábitat”, señaló la voz del Gobierno consulta por este medio y añadió que además se trabaja con el Estado Nacional para tal fin.
En cuanto a la posibilidad de que se concrete el desalojo desde el 1 de octubre, desde la Provincia aseguraron que “la voluntad es proponer soluciones de distinto tipo para construir acuerdos con la población y evitar el desalojo”.
Por su parte, las 2.500 familias junto a organizaciones continuarán evaluando propuestas para encontrar una salida que no sólo les permita acceder a una vivienda, sino también para generar opciones en las que se cree trabajo y se garanticen otros derechos básicos como salud y educación.
Al mismo tiempo, se mantienen en estado de alerta y movilización debido a que la orden de desalojo sigue firme por parte de la Justicia. En ese aspecto, convocaron a diversos sectores a que se solidaricen con el reclamo que hoy es el emblema de una problemática estructural en el país.
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