Este 13 de septiembre se cumplen 30 años desde la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que fue sancionada el 13 de septiembre de 1994, luego de un larguísimo debate.
El debate fue extenso y las crónicas periodísticas de la época dan cuenta de los diversos desencuentros de la política en temas calientes como la estatización de casinos. Para llegar a la reforma, se la convocó por ley 11.488 y fue sancionada al año siguiente.
En concreto, el nuevo texto estableció nuevos derechos y garantías como “la prohibición de todo tipo de discriminación; el reconocimiento de la igualdad de oportunidades; conocer la identidad de origen; a la información y a la comunicación; a la inviolabilidad de los documentos privados y a la gratuidad de los trámites judiciales”.
Asimismo, se avaló la interposición del “Habeas Corpus” en caso de agravamiento de las condiciones de detención o a la desaparición forzada de personas; a la acción de amparo por actos u omisiones de autoridad pública o privada en protección de derechos individuales o colectivos y a la acción de “Habeas Data” para acceder a la información referida al peticionante contenida en archivos o bancos de datos.
Con la reforma de la Carta Magna, en tanto, se reconoció a las entidades intermedias y a los colegios profesionales; al tiempo que contribuyó fomento de la investigación científica; al tiempo que reconoce a la educación como una “responsabilidad indelegable” y se compromete a preservar y conservar los recursos naturales.
En otro plano, se ampliaron las sesiones ordinarias de la Legislatura; se admitió la reelección del gobernador y vice; al tiempo que se creó el fuero contencioso administrativo y la Policía Judicial; como así también se avanzó en la modificación de la forma de designación y remoción de los jueces de paz; se crearon el Consejo de la Magistratura, la figura del Subprocurador y el Defensor del Pueblo.
Del mismo modo, la Constitución de 1994 incorporó nuevos derechos como el de recibir las utilidades producidas en los juegos de azar; a igual remuneración por igual tarea; al salario mínimo vital y móvil, al fuero sindical; a la protección de la familia, de la niñez, de la juventud, de la mujer; de la discapacidad; de la tercera edad; de los indígenas; de los consumidores y usuarios.
