En medio de las acusaciones cruzadas entre sindicalistas y dirigentes del PRO, la Justicia de San Nicolás definió la situación procesal de los dos dirigentes del gremio de Camioneros acusados por el bloqueo y la “extorsión” contra una empresa de alimentos de San Pedro.
Maximiliano Cabaleyro, delegado regional de Camioneros y de la CGT y concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola seguirán detenidos con prisión preventiva- se les negó el recurso de excarcelación- pero dejaran de estar alojados en sede policial y accederán al beneficio de la prisión domiciliaria hasta que la causa llegue a instancia de juicio.
TE PUEDE INTERESAR
A los dirigentes sindicales se los acusa de los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión” (presunto pedido de coimas) y “extorsión por suscripción de documento jurídico” (este último delito se sumó tras un allanamiento en la sede gremial donde se secuestraron recibos donde constarían el supuesto “ingreso de dinero” proveniente de los empresarios denunciados pero sin documentos que avalen la presunta deuda esgrimida por el sindicato).
La prisión preventiva fue dictada por el Juez de Garantías Román Parodi, quien temporalmente se hizo cargo de la causa luego que María Eugenia Maiztegui pidiera una licencia médica debido a “un pico de estrés”.
Ante la situación de salud de la magistrada, el ex presidente Mauricio Macri se solidarizó y cuestionó que el kirchnerismo se ponga del lado de los acusados “utilizando artilugios legales para intimidar a la jueza con pedidos extemporáneos”.
Camioneros denuncia “lawfare” político-judicial y el PRO “apriete” a la Justicia
Días atrás, un nutrido grupo de trabajadores y representantes del gremio de Camioneros encabezaron una protesta para exigir la inmediata liberación de los dos detenidos.
La manifestación, fue liderada por el dirigente Pablo Moyano, bajo el fundamento de un presunto “lawfare” político-judicial que expondría la continuidad de “un sistema de persecución” a trabajadores que reclaman por sus derechos.
En tanto, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, dio a conocer un documento enviado a la jueza María Eugenia Maiztegui desde la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, que preside el diputado nacional Leopoldo Moreau.
Según se desprende de la nota compartida por el alcalde, el legislador del Frente de Todos pidió la remisión de una copia de la instrucción y del legajo fiscal (de carácter reservado) a partir de un sumario de investigación parlamentaria con el que se busca determinar si hubo “responsabilidades políticos-institucionales en presuntas violaciones a la ley de inteligencia nacional”.
“Primero quisieron tomar de rehén a la ciudad y no pudieron. Ahora van por la Justicia, con la complicidad del gobierno. Todo para garantizar la impunidad de dos referentes de Moyano. Argentina no tiene futuro por este camino” advirtió.
Tras la acusación, el diputado Leopoldo Moreau anunció la puesta en marcha desde el macrismo de un “operativo de denuncias judiciales” con complicidad mediática. En esa dirección, advirtió que “como ocurre con toda organización mafiosa vienen por su vendetta”.
TE PUEDE INTERESAR
