La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la sentencia que obliga a la Argentina a pagar más de US$390 millones en el marco del litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008. De esta manera, el tribunal rechazó la apelación presentada por el Estado argentino y dejó firme el reclamo impulsado por el fondo Titan Consortium.
La controversia se originó tras la estatización de la aerolínea de bandera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El entonces propietario de la compañía, el grupo español Marsans, recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI falló a favor de los demandantes y fijó una indemnización cercana a los US$320 millones, a la que posteriormente se sumaron intereses y costas. Luego de que la Argentina solicitara la anulación del laudo, la decisión quedó firme en 2019.
Con el paso de los años, los derechos sobre esa indemnización fueron transferidos. Inicialmente quedaron en manos de Burford Capital, firma especializada en la compra de litigios, que posteriormente los vendió a Titan Consortium. Desde 2021, este fondo impulsa en los tribunales estadounidenses el reconocimiento y la ejecución de la sentencia.
En diciembre de 2024, la Corte de Distrito de Columbia reconoció el laudo arbitral y estableció un monto de US$390.907.115,55, correspondiente al capital, intereses y costas acumulados hasta esa fecha, además de los intereses posteriores al fallo. En esa oportunidad también rechazó el planteo de la Argentina, que sostenía que el reclamo había prescripto al cumplirse un plazo de tres años, al considerar que el período aplicable era de doce años.
Qué resolvió la Justicia
La Cámara de Apelaciones ratificó ahora ese criterio y confirmó tanto el plazo de prescripción como la condena económica, dejando firme la posibilidad de que Titan Consortium continúe con las acciones judiciales para intentar ejecutar el cobro de la deuda mediante el embargo de activos argentinos en el exterior.
Tras conocerse la resolución, desde la Procuración del Tesoro señalaron que el Estado nacional se encuentra analizando “todas las herramientas legales disponibles para revertir o, al menos, mitigar el impacto de la sentencia”. Además, sostuvieron que el litigio forma parte de “la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos”.
