Muchos organismos de derechos humanos están haciendo sentir su repudio hacia el beneficio de prisión domiciliaria para genocidas, después de que trascendiera la existencia de un listado de 1.111 personas detenidas, que por el tiempo transcurrido en prisión, cumplirían los requisitos para obtener la libertad condicional o la prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico.
A través de un comunicado, expresaron que la medida que dictó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fue “con el pretexto de morigerar el hacinamiento carcelario”.
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Es que el listado enviado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias-que funciona en el ámbito de la Casación federal incluye a 96 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián o el ex capellán Christian Von Wernich, por tratarse de internos “mayores de 70 años”.
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“Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos esta maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas, más allá del caso a caso. Los 96 represores no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria”, afirmaron.
Además, señalaron que “El hacinamiento en las cárceles no es consecuencia del encarcelamiento de quienes cometieron los peores crímenes sino de una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos”.
“La situación carcelaria actual es producto de la orientación de las políticas que el mismo Poder Ejecutivo impulsó con reformas que endurecieron la ley de ejecución y la persecución penal. La llamada “mano dura” conduce a un aumento sostenido del encarcelamiento: las propias proyecciones oficiales sostienen que es esperable un crecimiento del 40% de los detenidos para 2020”, lanzaron los organismos.
“La medida no representa una solución de fondo al problema de la sobrepoblación y, al mismo tiempo, esconde un mensaje claro al Poder Judicial sobre que los condenados por delitos de lesa humanidad deberían obtener salidas”, dijeron en un comunicado.
También especificaron que se trata de “torturadores, desaparecedores, homicidas y apropiadores de niños/as que al día de hoy continúan sellando sus pactos de silencio. Como paradoja, se aconseja liberar a los peores criminales de nuestro país para generar espacio en las cárceles y continuar con una política que encarcela pobres”.
“Los organismos rechazamos esta política y repudiamos este nuevo intento de privilegiar a los condenados por delitos de lesa humanidad”, destacaron.
Los organismos que expresaron su rechazo a la medida son: Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, H.I.J.O.S Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Buena Memoria y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.
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