La Cámara Nacional Electoral lanzó una advertencia que impacta de lleno en la reforma electoral que impulsa Javier Milei: el Congreso puede modificar las reglas, pero debe hacerlo con suficiente anticipación para que puedan ser aplicadas sin afectar la previsibilidad y la integridad de las próximas elecciones.
La señal quedó plasmada en la Acordada Extraordinaria N.º 155, publicada este martes, mientras el Gobierno prepara el regreso del proyecto al Senado. El debate en comisiones está previsto para el 15 de septiembre y, aunque el oficialismo todavía enfrenta resistencias entre algunos de sus aliados, en Unión por la Patria creen que Milei está más cerca de conseguir los votos para eliminar las PASO de lo que admite públicamente.
La coincidencia temporal no pasó inadvertida: mientras la Casa Rosada busca acelerar una reforma que puede modificar el mecanismo de selección de candidatos, la Justicia Electoral recordó que las reglas no pueden cambiarse sobre la marcha.
La advertencia de la Justicia Electoral
La CNE dejó en claro que no pretende intervenir en el contenido de las reformas que discute el Congreso. De hecho, aclaró expresamente que su pronunciamiento no implica “juicio de valor alguno sobre el contenido, la conveniencia político institucional o el mérito” de los proyectos.
El mensaje está puesto en otro lugar que, de igual modo, será decisivo en lo político: el calendario. La Cámara recordó que los procesos electorales se encuentran atravesados por una serie de plazos perentorios e improrrogables y que cualquier modificación debe poder ser incorporada de manera efectiva al cronograma electoral.
Por eso, la acordada pone especial atención sobre cuestiones como las categorías de cargos, los requisitos para los partidos políticos, los mecanismos de selección de candidaturas, el instrumento de votación y las reglas de financiamiento electoral.
“Alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede producir más daños que beneficios”, advirtió la Cámara.
El planteo tiene un antecedente concreto en las PASO. Tras la suspensión de las primarias mediante la Ley 27.783, la Justicia Electoral debió instar a los partidos a adecuar sus mecanismos internos de selección. El resultado fue significativo: de los 626 partidos que intervinieron en aquella elección, todos salvo una alianza terminaron utilizando mecanismos de designación de candidatos sin voto directo de sus afiliados.
El reloj electoral que mira el Gobierno
El punto más sensible de la acordada aparece cuando la Cámara recoge los estándares internacionales sobre estabilidad de las normas electorales.
Según los criterios de la OEA citados por la CNE, el plazo idóneo para introducir modificaciones se ubica entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral. La Comisión de Venecia plantea un criterio todavía más estricto y sostiene que los elementos fundamentales del derecho electoral no deberían modificarse menos de un año antes de una elección.
La advertencia no bloquea la reforma ni le dice al Congreso qué debe votar. Pero establece una condición temporal que adquiere peso político frente a la intención del Gobierno de resolver el esquema electoral con anticipación.
La Casa Rosada pretende discutir un paquete que incluye la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos. El debate comenzará formalmente el 15 de septiembre en las comisiones del Senado
La eliminación de las primarias, en particular, puede tener un impacto directo sobre la estrategia de los partidos de cara a 2027: sin una elección interna que permita ordenar las diferencias en las urnas, las fuerzas políticas deberán alcanzar acuerdos previos para definir candidaturas o asumir el costo de competir por separado.
En UxP creen que Milei puede tener los votos
En Unión por la Patria siguen de cerca el debate porque, pese a las resistencias que todavía aparecen entre sectores aliados del Gobierno, existe la sensación de que el oficialismo puede estar cerca de reunir la mayoría necesaria para avanzar con la eliminación de las PASO.
El PRO y sectores de la UCR mantienen reparos sobre distintos puntos de la reforma, mientras el oficialismo intenta ordenar una mayoría que le permita avanzar con el paquete electoral.
Para el peronismo, la preocupación excede la votación en el Senado. La desaparición de las PASO modificaría directamente el tablero de candidaturas de un espacio que todavía intenta ordenar su interna entre el kirchnerismo, el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, el Frente Renovador de Sergio Massa y otros sectores que buscan recuperar protagonismo.
Una primaria permitiría que distintas corrientes compitan dentro de un mismo frente y que los votantes definan quién queda mejor posicionado para la elección general. Sin ese mecanismo, la disputa debería resolverse previamente en una mesa de negociación o mediante listas separadas.
Y ese escenario podría profundizar las tensiones por los lugares en las listas, el liderazgo y el programa electoral.
El PRO, obligado a negociar desde una posición más débil
La reforma tampoco impactaría solamente sobre el peronismo. El PRO también debería recalcular su estrategia frente a La Libertad Avanza.
Sin PASO, cualquier eventual alianza entre ambos espacios debería resolver sus candidaturas mediante acuerdos políticos, en un escenario donde los libertarios cuentan con el Gobierno nacional y con Javier Milei como principal referencia electoral.
Para el PRO, eso implica negociar desde una posición diferente a la que tenía durante la etapa de Juntos por el Cambio. La discusión ya no sería solamente quién compite dentro de una primaria, sino cuánto espacio conserva el partido amarillo dentro de una eventual construcción electoral liderada por los libertarios.
Por eso, las resistencias de algunos aliados del Gobierno tienen también una dimensión de supervivencia política: eliminar las PASO no solamente cambia el calendario, sino que modifica el poder de negociación de cada fuerza a la hora de armar las listas.
Los ATN, otro capítulo de la negociación
Mientras el Congreso se prepara para discutir la reforma, el Gobierno volvió a reactivar la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los fondos discrecionales que la Nación asigna a las provincias a partir de pedidos de los gobiernos subnacionales.
Los primeros desembolsos alcanzaron a Jujuy, un distrito alineado con el oficialismo, y también a Misiones y La Pampa, dos provincias que mantienen una relación más distante con la Casa Rosada.
En el peronismo leen el movimiento como una señal de que el Gobierno vuelve a utilizar una herramienta de negociación con los gobernadores. Si de por sí el gobierno de Milei administra los fondos de Coparticipación con lógica política – debería ser distribuida de manera automática según el régimen vigente-, los ATN no son fondos automáticos y dependen únicamente de decisiones del Ejecutivo.
Así, a casi dos semanas de que comience formalmente la discusión legislativa, el Gobierno empieza a jugar en varios frentes al mismo tiempo: negociación parlamentaria, vínculo con los gobernadores y una reforma electoral que puede cambiar las reglas con las que todos los espacios deberán construir sus candidaturas para 2027.
La CNE, mientras tanto, ya dejó su advertencia sobre la mesa: reformar es una potestad del Congreso, pero hacerlo a tiempo es una condición para que las nuevas reglas puedan aplicarse sin afectar la previsibilidad del proceso electoral.
