El gobierno bonaerense autorizó a las distribuidoras eléctricas EDEN, EDEA, EDES Y EDELAP, además de las 200 cooperativas que operan en la Provincia, a implementar un aumento extra en las tarifas, por encima del 40 por ciento que rige desde el 1 de febrero. La medida fue publicada hoy en el boletín oficial y se justifica en la necesidad de que las empresas recuperen en su facturación “las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad” y “las diferencias generadas en el costo propio de distribución”.
Esto incluye “el recupero de las diferencias correspondientes al costo propio de distribución y del costo mayorista de compra” y se aplicarán a “todos los cargos variables por el total de la energía de cada usuario, considerando las distintas categorías tarifarias”, incluyendo la tarifa social.
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Se trata, en llano, del reconocimiento de un aumento postergado en septiembre del año pasado, cuyo recupero se instrumentó en un esquema de seis cuotas, junto al recupero del aumento de costo de energía dispuesto de la Nación y que, por la demora de los cuadros tarifarios de la Provincia, no se había podido terminar de aplicar.
Según reconstruyó INFOCIELO a partir de fuentes del sector, el impacto del nuevo aumento rondará un peso por cada kilowatt consumido. Esto quedará claro en la boleta, porque la propia resolución insta a las distribuidoras a diferenciar el cargo bajo la leyenda “ICT. ARTÍCULO 5 RESOLUCIÓN – 2019-186- GDEBA-MIYSPGP”.
El aumento de febrero, combinado con el aumento ICT, rondan un 50 por ciento, el porcentaje que este portal había adelantado oportunamente y que había sido negado desde el ministerio de Infraestructura, donde hablaron de un incremento “por debajo de la inflación”.
Pero hay un problema extra: algunas distribuidoras dieron por hecha la publicación de la resolución y facturaron ese aumento extra. Es el caso de EDEA, por ejemplo, que facturó casi 70 millones de más a sus clientes, medida que motivó la elevación de un sumario por parte del organismo de control, el OCEBA, que ordenó “refacturar” y devolver la diferencia a los usuarios afectados.
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