Ayer, apicultores de la ciudad de Ayacucho denunciaron que una fumigación ilegal le provocó la muerte de miles de abejas y una pérdida de cerca de 70 mil pesos.
Los productores habían manifestado su enojo no solo con los responsables de las fumigaciones con agroquímicos, sino también con el gobierno municipal, que según manda una resolución, debía notificar a los apicultores.
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Hoy, la municipalidad que conduce el intendente Emilio Cordonnier (Cambiemos) emitió un breve comunicado en el que anunciaron “mecanismos de control” y sanciones, en el que destacaron avanzar “hasta las últimas consecuencias”.
“Respecto al hecho de fumigación ocurridas en zonas aledañas a colmenas en la localidad de Fair, se activaron los mecanismos de control con intervención de SENASA, Sanidad Vegetal de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Producción Agropecuaria. En tal sentido, se realizarán las infracciones correspondientes, llegando hasta las últimas consecuencias”, enfatizaron.
A su vez, comunicaron que se está trabajando en una mesa participativa en el estudio y análisis
Desde el Municipio de Ayacucho se está trabajando desde el año pasado en una mesa participativa en el estudio y análisis de la resolución que formuló el gobierno de la Provincia en donde se habilita a fumigar “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
Sin embargo, desde el municipio aseguraron que buscarán “generar normativas locales exigiendo criterios de buenas prácticas y promoviendo una vida saludable, sin perjudicar los niveles de producción”.
El comunicado oficial fue leído en malos términos por parte de los vecinos que integran Ayacucho Conciencia Ambiental, una organización que viene denunciando diferentes hechos de contaminación en la zona, así como particularmente el polémico uso de los agroquímicos en las zonas rurales.
“Las buenas prácticas no existen, las buenas prácticas no se pueden dar en este caso porque lo que se utiliza es veneno”, le respondió Carla Savarese, una de las referentas de Conciencia Ambiental.
“Hay mucho interés económico generado detrás de esto y ningún tipo de interés de solucionar nada. Para eso deberían prohibirlo directamente”, exigió la vecina.
Desde el mes de abril del año pasado, un proyecto de ordenanza diseñado por esta organización y demás vecinos, duerme en el Concejo Deliberante local. El proyecto buscaba prohibir o limitar gran parte del uso de todos los tipos de agroquímicos en zonas rurales y urbanas.
A su vez, la mujer recordó que la organización “nunca fue invitada” a participar de la mesa que informó el gobierno, así como tampoco se interesó en los encuentros ambientales que se realizaron en esa ciudad.
En uno de ellos, estuvo presente el intendente de Benito Juárez, Julio Marini (FPV-PJ), quien criticó duramente al gobierno municipal de Ayacucho.
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