La Secretaría de Desarrollo Social del municipio que gobierna Gustavo Menéndez, echó a tres Trabajadoras Sociales y puso a disposición a otra empleada sin poder establecer la razón. Las trabajadoras y trabajadores denuncian que la razón sería el reclamo que realizaron al responsable del área por el incumplimiento de medidas de bioseguridad.
Maria Rupani, una de las despedidas, relató: “En un comienzo nos informaron que estábamos desvinculadas del área luego de una fuerte discusión con el Subsecretario, que en realidad nos acercamos a hablar con él, porque no tuvimos respuestas con al Director”, dijo para Radio La Uni.
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El pedido que le acercaron al Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio de Merlo. fue el de reorganizar las guardias y más insumos. Además, y lo que creen fue determinante, le manifestaron el “malestar que arrastrábamos por distintas situaciones”.
Puntualmente, Rupani contó que días atrás “se presentó una persona que fue entrevistada por la directora del servicio local, tenía dos días de fiebre y no había tenido el hisopado. Frente a esta situación que ocultaron al menos tres días antes de informarnos, nos súper preocupamos, porque estuvo en contacto directo con otras personas que dieron COVID positivo, y estuvieron a su vez con nuestra directora que no nos aviso y estuvo con nosotros”, dijo y agregó: “Es una cadena en la que se puede contagiar el virus perfectamente”.
Ante el temor por el contagio, reclamaron las medidas que “ya veníamos reclamando antes, pero esta vez con motivo”, buscando la prevención ante el avance de la pandemia.
Sin embargo, la única respuesta fue el despido sin explicación ni motivo. Son tres las despedidas, la cuarta al estar bajo “planta permanente”, fue pasada a disposición tres meses.
Ante esta situación, los trabajadores de infancia del oeste lanzaron un comunicado en solidaridad de las despedidas durante la emergencia sanitaria. “Denunciamos que les compañeres se desempeñan en un área considerada esencial en este contexto actual y que venían solicitando a sus autoridades se les garanticen los cuidados esenciales establecidos por los protocolos vigentes para realizar su trabajo frente a la Pandemia de COVID-19, no sólo por la protección del personal que allí trabaja sino por la población asistida”, dice el escrito.
“Entendemos que el relamo no solo es un derecho que les asiste, sino que también una obligación ya que toda la sociedad y especialmente desde el ámbito estatal, deben respetarse y hacerse cumplir las medidas de prevención dispuestas por Poder Ejecutivo Nacional y Provincial a fin de garantizar el cuidado de la salud”, señala el repudio a los despidos, concluyendo con el pedido de reincorporación y el cumplimiento de medidas de bioseguridad.
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