El crecimiento explosivo de las apuestas online en América Latina abrió un debate incómodo: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado cuando el juego digital se expande en medio de crisis económicas?
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió colocar el tema en el centro de la agenda pública. En nuestro país, en cambio, el fenómeno avanza sin cuestionamientos oficiales mientras el negocio se expande en el deporte, los medios y el entretenimiento.
La discusión brasileña tiene un origen concreto. El mercado de apuestas deportivas online fue legalizado en 2018 durante el gobierno transitorio de Michel Temer. La norma permitió la operación de apuestas de cuota fija, pero dejó un amplio vacío regulatorio que demoró años en resolverse.
Durante los años siguientes, especialmente bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, el sector creció de manera vertiginosa. Decenas de plataformas extranjeras ingresaron al mercado brasileño operando desde el exterior y multiplicaron la publicidad vinculada al juego, especialmente en el fútbol.
En poco tiempo, Brasil pasó a convertirse en uno de los mercados más grandes del mundo para las apuestas digitales.
El giro político de Lula frente al juego digital
Cuando Lula regresó al poder en 2023, su gobierno decidió intervenir en un sector que ya movía miles de millones. El primer paso fue avanzar en la regulación del mercado de apuestas, estableciendo licencias oficiales, impuestos y controles sobre las plataformas que operan en el país.
Sin embargo, ahora el presidente brasileño fue más allá y planteó la posibilidad de restringir o incluso prohibir ciertos formatos de casinos digitales, especialmente los juegos similares a tragamonedas que funcionan en teléfonos celulares.
Lula advirtió que el fenómeno dejó de estar concentrado en casinos físicos y pasó a formar parte de la vida cotidiana de millones de personas. “El casino entró en la casa de la gente a través del celular”, señaló el mandatario al explicar su preocupación por el impacto social del crecimiento de estas plataformas.
El presidente también introdujo una dimensión social y de género en el debate. En el Día internacional de la Mujer lanzó un spot en donde, según explicó, la mayoría de los apostadores son hombres, pero las consecuencias económicas terminan impactando en las familias.
En ese sentido sostuvo que “muchas veces quienes terminan pagando esa deuda son las mujeres que sostienen el hogar”.
Para el gobierno brasileño, el problema no es únicamente el juego en sí mismo, sino su expansión en un contexto de familias con fragilidad económica. Lula fue explícito al advertir que el dinero que circula en las plataformas suele provenir de sectores vulnerables.
El contraste argentino
Mientras Brasil discute límites y regulaciones más estrictas, el escenario argentino muestra una dinámica muy diferente. Las plataformas de apuestas online crecen de forma acelerada y se integran con naturalidad al ecosistema deportivo y mediático.
Clubes de fútbol, transmisiones televisivas, programas de streaming y portales digitales multiplicaron la presencia de marcas vinculadas al juego. En muchos casos, incluso, las casas de apuestas se transformaron en patrocinadores principales de equipos y competiciones.
Sin embargo, el debate sobre los efectos sociales de este fenómeno permanece prácticamente ausente en la agenda oficial del gobierno de Javier Milei.
El negocio genera ingresos para distintos sectores (desde el deporte hasta los medios de comunicación), y la discusión sobre sus consecuencias económicas parece quedar en segundo plano.
El contraste resulta particularmente llamativo en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y aumento del endeudamiento familiar.
La experiencia histórica muestra un patrón repetido, y es que cuando crecen la incertidumbre económica y las dificultades para llegar a fin de mes, también aumentan el juego y el préstamismo informal.
En ese escenario, las apuestas digitales suelen aparecer como una ilusión de salida rápida frente a la falta de ingresos. Por eso el debate abierto en Brasil trasciende al propio juego.
En el fondo, plantea una pregunta más amplia sobre el rol del Estado frente a negocios que pueden prosperar precisamente cuando la vulnerabilidad económica de la población se vuelve más profunda.
