La decisión del Gobierno Nacional de redistribuir la coparticipación de manera más equilibrada con las necesidades de los distritos, abroqueló la resistencia porteña. Ni bien asumió la presidencia Macri utilizó un decreto para transferir a Capital Federal, el distrito que había gobernado 8 años y donde impuso como heredero a Horario Rodríguez Larrreta, una parte de la coparticipación secundaria. La excusa fue el traspaso de la Policía Federal, la fuerza de seguridad que cubrió históricamente el ejido de CABA. Primer relato: el traspaso no fue de “la fuerza”, sino de una porción menor de la misma.
Fue una de las primeras medidas que tomó el macrismo tras su desembarco en la Rosada, y disparo críticas en el resto del país, porque según los cálculos de otras provincias, el monto adjudicado era holgadamente superior al que requería esa fuerza de seguridad para garantizar su funcionamiento.
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La Provincia de Buenos Aires fue históricamente discriminada en el reparto de la coparticipación, y, sin embargo, afronta el costo del funcionamiento de su propia fuerza de seguridad infinitamente mayor en número a la Metropolitana, y con una extensión de territorio y poblacional abrumadoramente mayor.
Operativamente, la Policía bonaerense es un verdadero ejército con una capacidad de movilización no equiparable al de otra de su especie. Ampliamente superior a su par porteña. Cuenta con alrededor de 93 mil uniformados, y custodia un perímetro territorial equivalente al de toda Italia. El Operativo Sol, vigente en esta época, es una demostración de la capacidad (necesidad) de despliegue: en temporada estival debe custodiar, además, 1.300 kilómetros de Costa Atlántica.
La comparación en el accionar de las fuerzas cuya jurisdicción delimita la General Paz deja reducido al ejército Metropolitano a un puñado de uniformados bien pagos.
Natural brazo ejecutor de medidas judiciales, la Policía que conduce Sergio Berni atiende la demanda de 19 departamentos judiciales, y garantiza la seguridad de 16 millones de bonaerenses. Un universo ciertamente superior a la población que demanda el mismo servicio en Capital Federal.
En los hechos, la Metropolitana se ha transformado en una policía con características de municipal que ni siquiera ha logrado cubrir la totalidad del territorio de CABA: varias comunas son vigiladas por la PFA, o por otras fuerzas nacionales, como la Prefectura Naval, habitual en el paisaje de la coqueta Puerto Madero.
Además del territorio y de la población, la Policía de Kicillof atiende otros menesteres. La Provincia posee en su territorio, el 67% del fútbol federado. Traducción: afrontan la custodia de un promedio de 50 eventos deportivos por semana, considerados –en muchos casos- de “alta conflictividad”.
La decisión de Macri de financiar a su heredero Rodríguez Larreta, vía decreto, con la excusa de garantizar la funcionalidad de su fuerza, esconde –o no tanto- otro privilegio para Capital: La Nación financia el aparato de seguridad más caro, medido en sueldos, comparado con el que reciben los trabajadores del resto de las fuerzas. En efecto, los sueldos promedios de la policía porteña triplican el de cualquier uniformado. Un llamador que logró captar cuadros formados y con experiencia de otras fuerzas, que emigraron en la razonable búsqueda de un mejor salario.
Para colmo, la falta de experiencia de una policía relativamente nueva, requiere, en muchos casos, del aporte operativo de sus primos bonaerenses. Un ejemplo, durante los disturbios en la puerta del Congreso de la Nación por la Reforma Previsional que encaró Cambiemos en diciembre de 2017, la Policía de la Provincia alistó a 200 infantes dispuestos a “colaborar” con el operativo de sus pares porteños, ampliamente superados por la nutrida movilización que quedó inmortalizada con la imagen de Sebastián Romero, el militante del PTSU al que los medios bautizaron “el loco del mortero”. El último gran allanamiento en la Feria la Salada, dejó expuesta la potencialidad de cada fuerza. La fuerza provincial desembarcó con un ejército de 700 uniformados, y relegó en protagonismo a su par de la Ciudad, a la que la Justicia le había dado ejecutar el operativo.
El macrismo siempre pensó en el ‘rédito’ de tener sus propias fuerzas, muchas veces en desmedro de la bonaerense. El día en que la Justicia ordenó la detención del sindicalista ‘Pata’ Medina, el Jefe de los equipos tácticos de la Policía bonaerense alistó a 400 efectivos, entre halcones, infantes y Caballería. El Ministro Ritondo optó por entregárselo a Patricia Bullrich para que se luciera.
Macri no sólo transfirió por decreto 17 mil millones para financiar una fuerza que, al fin de cuentas, no cubre toda la seguridad porteña, requiere del apoyo de otros cuerpos con jurisdicción Nacional –como la PFA y Prefectura- y a la que dotó de salarios altos, en comparación con sus pares de otros distritos. Desde 2016, los argentinos ‘financiamos’ una fuerza “cara”, mientras que cada Provincia sostiene la propia, con magros ingresos.
La policía de la ciudad fue una creación del expresidente Macri, con la excusa de que su distrito requería de una fuerza propia. La dotó de los mejores sueldos. Una síntesis del estilo de gestión macrista: una fuerza bien paga de la que se jacta y a la que le saca rédito político por contraste con los magros sueldos en el resto de las fuerzas, pero que decretó que la pague el resto del país. Una fórmula que envidiaría cualquier otro gobernador: crear la fuerza mejor paga, pero con el costo de su funcionamiento financiado por los contribuyentes del resto del país. Más macrista no se consigue.
Privilegios que se extienden al resto de la economía
El debate se reinstaló en las últimas horas, como consecuencia de la polémica por el financiamiento de la fuerza de seguridad de Rodríguez Larreta.
¿Es el único beneficio con el que cuentan los residentes en Capital Federal?
Un rápido repaso de los costos de algunos servicios básicos vuelve a ponerlos en un lugar de privilegio. Contrasta, incluso, con el peso que significan esos mismos bienes y servicios por fuera de la general paz.
Un ejemplo emblemático es el precio del combustible: Con la destilería de YPF a sólo 8 kilómetros de la Capital bonaerense, un platense paga un promedio de $1.80 pesos más caro el litro de nafta, en cada una de sus variantes. La diferencia se multiplica con sólo recorrer unos kilómetros hacia el interior de la Provincia. A 150 Km de Capital, se paga entre $4 y $5 más por litro.
Lo mismo ocurre con el costo del “gas” para automóvil. ¿Es justo que un taxista de La Plata o de cualquier otra ciudad del interior de la Provincia –la comparación se puede extender al resto del país, y la brecha del beneficio se amplía- pague el costo de su principal insumo, el gas, a un precio considerablemente menor? No, pero es lo que sucede. Claro que no se trata de un acto de magia, ni está librado a una decisión empresarial de los inversionistas porteños que deciden “cobrar menos” a sus clientes.
Las rebajas con las que conviven los porteños, las paga en resto vía subsidios.
Lo mismo ocurrió en la polémica generada en la previa del programa de tarifazos que caracterizó a la gestión de Cambiemos. Los ‘beneficios’ de Capital en comparación con el resto de los distritos, en términos del ‘costo’ de los servicios, fue el ‘relato’ del Gobierno para justificar el ajuste salvaje sobre las tarifas: “es injusto lo que paga de luz un porteño, comparado con lo que se le factura a un cordobés”, afirmaban, con razón, los decidores del discurso oficial por entonces.
El resultado del plan que ejecutó al macrismo no rompió esa injusticia. La reprodujo de forma desvergonzada: es cierto que a los porteños se les encareció la factura de los servicios públicos. Tan cierto como que al cordobés le subió aún más. Conclusión: en el resto del país, incluso en el interior de la Provincia de Buenos Aires, se pagan tarifas de servicios mucho más caras que las que afrontan un porteño en la Capital.
Las arcas porteñas se benefician, además, de una práctica habitual que resta ingresos en otros distritos. Por el centralismo que ostenta, la mayoría de las casas matrices de las más importantes empresas, están radicadas en Capital Federal. Son firmas que producen en, por ejemplo, territorio bonaerense, pero riegan el peso de la carga impositiva engordando la recaucación porteña.
La decisión del Gobierno Nacional apunta a romper con algunos privilegios, en este caso vinculado al “costo” operativo de las fuerzas de seguridad. El propio Gobierno porteño admitió que la mayor parte del dinero que transfirió el macrismo, se utiliza para “pagar sueldos” a sus uniformados. Son los altos sueldos que decidió pagar el Gobierno porteño, pero que financia el resto del país.
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