El jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, manifestó su opinión respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar el recurso per saltum impuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, para tratar su nombramiento a través de un decreto firmado por Mauricio Macri en 2016.
“El Gobierno actuó conforme a la Constitución Nacional, el Senado actuó conforme a la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura actuó conforme a la Constitución Nacional y, ahora, lo que queda es ver si la Corte va a actuar conforme a la Constitución Nacional”, aseguró Cafiero.
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En la misma línea el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, le pidió a la Corte Suprema que “declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución CM N° 183/2020, por la que se expresó que los traslados de diez magistrados, entre los que se encuentran los actores (Bruglia, Bertuzzi y Castelli), no ha completado el procedimiento constitucional previsto”.
Lugones justificó su postura en la jurisprudencia que sentaría la Corte Suprema si decide que el nombramiento de los jueces en la Cámara Federal Porteña a través de un decreto y sin la consulta al Senado -como establece la Constitución-. “Estaría legitimando un mecanismo por el cual aquellos magistrados que cuenten con el beneplácito del Poder Ejecutivo Nacional, se verían dispensados de cumplir con el procedimiento constitucional de designación de magistrados, pudiendo obtener ascensos en su carrera judicial sin participar de concurso público alguno y sin comparecer ante el Honorable Senado de la Nación”, indicó el presiente del Consejo de la Magistratura.
La Corte Suprema debe revisar los planteos de los jueces designados por decreto durante la gestión de Macri, y establecer si la misma fue legítima. A partir de allí se definirá su futuro, si continúan como jueces de la Cámara Federal porteña, o si deberán regresar a los tribunales que presidían antes de 2016. El Senado ya había votado la anulación del decreto presidencial, y ordenado su traslado. La intervención de la Corte Suprema y la aceptación del recurso per saltum dejó en stand by la intervención del Senado nacional, y les otorgó a los jueces involucrados una licencia por 30 días.
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