La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno nacional de Javier Milei por el presunto manejo irregular de los fondos destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), en una presentación que pone bajo la lupa más de $1 billón que, según documentación oficial, se encontraba colocado en inversiones financieras.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y alcanza a funcionarios del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación, este último en su rol de fiduciario del fideicomiso creado por el Decreto 976/01.
Según la documentación incorporada a la presentación, al 31 de mayo de 2026 había $1,001 billones del SISVIAL colocados en plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en una cuenta corriente.
En total, más de $1,038 billones permanecían fuera de la ejecución de obras viales, de acuerdo con los datos que forman parte de la denuncia.
UNA RECAUDACIÓN MILLONARIA CON BAJA EJECUCIÓN
Tolosa Paz sostiene que durante los dos años y medio analizados la recaudación asignada al SISVIAL alcanzó los $1,503 billones, pero solo $394.406 millones fueron destinados al objetivo específico del fondo.
La cifra implica, según la presentación judicial, una subejecución del 73,8 por ciento. La denuncia también solicita que se investigue si la totalidad de los recursos que debían ingresar al fideicomiso efectivamente llegaron a esa cuenta y cuál habría sido el circuito seguido por aquellos fondos que no lo hicieron.
“Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable —el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional— fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros”, sostuvo Tolosa Paz. Y apuntó directamente contra funcionarios del Gobierno: “Mientras al 31 de mayo había más de un billón de pesos del SISVIAL en inversiones, las obras comprometidas y el mantenimiento de las rutas permanecían paralizados o con avances mínimos”.
LAS RUTAS 3 Y 5, BAJO LA LUPA
La presentación judicial pone especial atención sobre dos rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires: la 3 y la 5.
Se trata de obras financiadas parcialmente mediante el préstamo CAF 11744, que contempla trabajos de ampliación de la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha y de la RN3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs. El esquema de financiamiento establecía un aporte de 30 por ciento de contraparte local y 70 por ciento de financiamiento externo.
Sin embargo, según los informes de auditoría correspondientes a 2024 citados en la denuncia, el aporte ejecutado con fondos locales fue del 0 por ciento, pese a la existencia de recursos del SISVIAL. “La situación de las rutas nacionales 3 y 5 es un ejemplo concreto de esta contradicción. Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SISVIAL disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida”, señaló la diputada.
OBRAS CON AVANCES MÍNIMOS
Los datos incorporados a la denuncia muestran distintos niveles de ejecución en las obras cuestionadas. En la RN5, entre Mercedes y la Variante Suipacha, la obra registraba a mayo de 2026 un avance físico del 16,89 por ciento y financiero del 11,36 por ciento.
Otra obra sobre la misma ruta, entre el distribuidor de la RP 41 y el kilómetro 104, tenía un avance físico de apenas 0,88 por ciento a diciembre de 2025, pese a que el contrato establecía como fecha de finalización octubre de ese año. En tanto, la obra sobre la RN3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs registraba a mayo de 2026 un avance físico del 26,95 por ciento.
Para Tolosa Paz, la situación genera una contradicción entre el endeudamiento destinado a financiar infraestructura y la disponibilidad de recursos nacionales que, según su denuncia, permanecen colocados en instrumentos financieros. “La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros“, sostuvo.
QUÉ PIDIÓ TOLOSA PAZ A LA JUSTICIA
La denuncia solicita además medidas urgentes para preservar documentación relacionada con la administración de los fondos desde enero de 2024. Entre otros elementos, pide conservar instrucciones, expedientes, correos electrónicos, registros contables y bancarios, además de certificar los saldos actuales de las cuentas del SISVIAL y de las inversiones asociadas.
“Lo que estamos haciendo es pedir que la Justicia investigue cómo se administraron esos fondos, quién impartió las instrucciones para las colocaciones financieras y quiénes intervinieron en su ejecución“, explicó la diputada. La presentación sostiene que los recursos del SISVIAL tienen un destino legal específico y plantea que la Justicia determine si existieron irregularidades en su administración y en la ejecución de las obras viales.
