El Presidente Javier Milei, utilizará mañana miércoles por primera vez la cadena nacional para explicar los alcances de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de más de 600 artículos con el que pretende avanzar en la desregulación de la economía argentina.
El economista libertario hablará a todo el país en horas del mediodía y en una jornada en la que se esperan fuertes protestas de agrupaciones sociales y de izquierda que pondrán a prueba el cuestionado protocolo antipiquetes que promueve la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y que busca penalizar a los manifestantes que realicen cortes de calle y quitar los beneficios sociales de aquellos titulares de planes sociales que se plieguen al reclamo impidiendo la libre circulación de los transeúntes.
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El contenido del DNU aún era objeto de análisis y revisiones entre Luis “Toto” Caputo, y otros miembros del Gabinete y la letra chica del documento podría trascender entre la noche de hoy y las primeras horas de mañana.
Cabe recordar que días atrás, el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro El sábado pasado, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, confirmó la implementación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de “desregular la economía”:
“Hay un paquete que podemos ponerle el título de ‘desregulación de la actividad económica’ y hay otro paquete que tiene que ver con la reforma del Estado” anticipó el funcionario.
La reforma laboral, uno de los ejes del DNU
Durante la campaña electoral, Javier Milei había anticipado su voluntad de avanzar en una reforma laboral centrada en un sistema de indemnización similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, a partir del cual a cada empleado se le descuenta una parte de su sueldo para depositarlo en una cuenta que podrá utilizar en caso de ser despedido o renunciar.
Según anticipó Infobae, el DNU incluiría “la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado, con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados”.
También extendería el período de prueba de los trabajadores, que pasaría a ser de 8 meses (actualmente es de 3 meses) y se modificarán los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% y se excluirán de la base de cálculo algunos aspectos, como sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales.
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