El presidente de la Nación, Javier Milei, había prometido un 2025 “a full con la motosierra“. A seis días de empezado el año, el recorte de gastos por parte del Estado ya empieza a verse. Afuera tres fondos fiduciarios.
Este lunes se publicó el Decreto 6/25 firmado por el jefe de Estado, su ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. La norma disolvió el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.
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Tras esta decisión, desde Presidencia destacaron que “ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente y eficiente de los recursos públicos”. Uno de los eliminados fue el ProCreAr con el que se entregaron 65 mil créditos para construir viviendas solo entre 2021 y 2023.
Yendo a los nuevos fondos eliminados, el decreto se amparó en informes o auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En todos los casos se habla de alguna irregularidad para justificar el cierre.
Los fondos afectados
Por ejemplo, en el caso del Fondo para la Vivienda Social señalaron que “en el marco de los programas Reconstruir y Casa Propia se verificaron obras culminadas que no cuentan con rendición final por parte de los entes ejecutores“. “Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelisticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”, aseguraron desde Presidencia.
Distinto es el caso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar cuya “ejecución ha finalizado”, según el Gobierno Nacional. De acuerdo a información oficial, este programa efecutó más de 24,6 millones de dólares hasta el 31 de diciembre de 2019 (el 90 por ciento fue aportado por el BID). Esos fondos sirvieron para asistir a 2375 productores agropecuarios en la compra de maquinaria o inversiones de capital.
El tercer y último fondo fiduciario eliminado en esta tanda es un poco más espinoso. Se trata del Fondo Fiduciario del Servicio Universal que se creó en 2014 con la ley Argentina Digital. Ahí se declaró de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y se creó este fondo al que aportaban los licenciatarios de servicios TIC con un uno por ciento de los ingresos totales devengados.
Los recursos que se recaudaban con este impuesto iban al fondo en cuestión que, administrado por el ENACOM, se utilizaban para distintos programas. Sin embargo, la administración libertaria consideró que “no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías“.
El problema es que el Decreto de este lunes quitó el fondo, pero no derogó el artículo de la ley que creó el impuesto que lo financiaba. A esto se le suma que el Gobierno Nacional informó que “la política pública debe continuar”. En este marco, habrá que ver si se trata de una movida de Milei para hacerse de recursos que antes tenían una asignación específica y ahora podría utilizar con total discrecionalidad.
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