Amparado en la emergencia pública declarada por la Ley Bases, el Gobierno Nacional de Javier Milei está implementando reformas por decreto. Este lunes le tocó a la ANSES y al jugoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Fin de los créditos.
En términos formales, el Decreto 1039/24 firmado por Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, derogó dos incisos de la Ley 24.241 (del Régimen de Asignaciones Familiares) y un párrafo de la 24.714 (del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). También dejó sin efectos los decretos 516 (2017), 588 (2023) y 463 (2023).
En términos concretos, el mencionado decreto eliminó, desde hoy mismo, la facultad de otorgar y gestionar créditos que tenía la ANSES. Según se argumentó, esa posibilidad apartaba al organismo previsional “de su objeto principal y configura un perjuicio sobre los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” que es de donde salía el dinero para financiar los créditos en cuestión.
En la norma publicada en el Boletín Oficial de este lunes, la administración libertaria sostuvo que buscan “garantizar la preservación de los recursos” del FGS. También marcaron la “necesidad de reevaluar los intrumentos de inversión” de dicho fondo “con el objetivo de cesar aquellas inversiones que resulten no rentables”.
Las garras libertarias llegan al FGS
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007, luego de la estatización de las AFJP. Básicamente, consiste en un paquete de acciones de distintas empresas, como EDENOR, Clarín, Banco Macro o Molinos Río de La Plata, que tiene el Estado nacional.
La idea es que esos título sean una reserva de valor para pagar las jubilaciones y pensiones de la ANSES en tiempos de crisis económica. Según las autoridades del organismo, en diciembre de 2023, el FGS llegó a valer unos 76 mil millones de dólares.
Lo cierto es que cada gestión manejaba el FGS con su propia impronta. Tal es así que hacia el año pasado se convirtió “en el mayor otorgador de créditos personales del sistema con un recupero del 100 por ciento“.
Sin embargo, el gobierno de Milei consideró que los préstamos del año pasado ofrecidos con una tasa de interés del 50 por ciento (mientras la inflación era del 211 por ciento) implicaron “un perjuicio significativo para los activos del FGS“.
Para completar, afirmaron que “el otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado“.
