A través de un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno Nacional de Javier Milei tomó una drástica medida. Básicamente, anuló laemergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan distintas comunidades indígenas del país. Temen que se vengan desalojos masivos.
Efectivamente, el Decreto 1083/24 derogó una norma anterior que data del año 2021. Ahí se había prorrogado, hasta noviembre de 2025, la emergencia en cuestión. Como si hiciera falta aclarar, en el segundo artículo se declaró “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.
Lo que parece una formalidad adquiere características preocupantes en el artículo segundo. Ahí se dejó sin efecto la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que había entrado en vigencia cuando se declaró la emergencia originalmente (en el año 2006).
Efectivamente, la emergencia original fue declarada en 2006 y se prorrogó sucesivamente hasta el 2025 (con una decreto dictado en 2021). Para el gobierno libertario, esto “ha dado lugar a una larga serie de acciones” que “avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado”.
¿Se vienen desalojos?
También sugirieron que en estos 18 años hubo irregularidades con la inscripción de comunidades indígenas en los registros oficiales. “Se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley“, sostiene el DNU publicado en el Boletín Oficial de este martes.
Actualmente, hay unas 1626 pueblos originarios inscriptos en los registros oficiales. A su vez, según el Gobierno Nacional, hay 254 hechos judicializados donde “median situaciones de usurpaciones y hechos violentos en todas las provincias del país”. De ese total, resaltaron la situación de la Patagonia donde registraron toma de tierras y daños ambientales, “sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales”.
En este escenario, la administración libertaria marcó la necesidad de terminar con la emergencia “y las diferentes afectaciones que produce, tanto al derecho de propiedad como al dominio de los recursos naturales de las provincias”. La idea es que la Justicia y las fuerzas de seguridad puedan avanzar con desocupaciones o desalojos donde lo consideren pertinente.
