El Fiscal Federal Jorge Di Lello imputó al ex presidente Mauricio Macri y al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, y ordenó medidas para avanzar la en la investigación abierta tras la denuncia por supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, periodistas, empresarios y representantes sindicales durante su gestión.
En su denuncia, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aportó pruebas de maniobras de espionaje que habría ejecutado la gestión anterior del organismo, sin la correspondiente autorización de un juez habilitando el rastreo sobre casillas de correos de al menos 85 funcionarios.
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La decisión de Di Lello habilitando la investigación, revela que el fiscal que debe llevar adelante la instrucción de la causa, considera que las pruebas reunidas son suficientes para abrir el proceso.
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Entre las medidas que pidió el fiscal y que, ahora, debe ordenar el Juez que interviene en la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, figura un pedido a la Agencia Federal de Investigaciones para que adjunte los legajos completos de los agentes identificados como “a” y “b” –ambos imputados en la presunta comisión del delito de espionaje-, además de una nómina completa del personal contratado durante la gestión anterior.
Con la nómina, el fiscal citará al personal contratado entre 2015 y 2019, para brindar declaración indagatoria. Básicamente, quiere saber si recibieron orden de “espiar” de parte de quienes conducían el organismo, Gustavo Arribas, y Silvia Majadlani. La condición de ‘testigos’ y no de imputados, los obliga a decir la verdad, y los exime de respetar el ‘secreto’ profesional, derecho del que gozan los agentes orgánicos de la AFI.
En la resolución de Di Lello a la que accedió INFOCIELO, el fiscal solicita, además, que se realice “una pericia oficial con personal especializado en el tema digital; para determinar:
- a) Que tipo de información contiene el disco rígido acompañado, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento; su origen tecnológico, y cualquier otro dato de interés para la prosecución de la presente investigación;
- b) Individualice a las personas que tuvieran acceso a la información al momento de su producción, almacenamiento y/u obtención;
- c) Tipo de archivos hallados, su origen, utilización y/o manipulación;
- d) Individualice los correos electrónicos que surgen del disco rígido, y si es posible determine su titularidad, entre otros.
Entre los que habrían sido espiados durante la gestión Macri, aparecen dirigentes políticos incluso de su propio espacio, como la ex titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, el diputado Mario Negri y el ex titular del bloque Nicolás Massot, pero también funcionarios actuales vinculados al oficialismo, como la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario y el diputado kirchnerista RodolfoTaihlade.
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