A la ya conocida quita del Fondo Sojero y del anunciado ajuste que, de seguro impactará en las cuentas municipales durante 2019, los intendentes bonaerenses acaban de sumar una nueva preocupación: una disposición del Gobierno provincial que reduce el porcentaje de la recaudación de las fotomultas que venían percibiendo y que significaban, en muchos casos, porciones interesantes de su recaudación.
El documento al que tuvo acceso INFOCIELO fue publicado el 29 de agosto en el Boletín Oficial y establece un cambio en el reparto de una torta que, según estimaciones de los propios alcaldes, acumula unos 1.800 millones de pesos por año. Hasta el cambio de reglas, el 40 por ciento de esa “caja” quedaba para los municipios, otro 40 por ciento iba a la Universidad Tecnológica Nacional y el 20 restante a la Provincia.
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Con ese esquema, unos 69 intendentes bonaerenses –de Cambiemos y de toda la oposición- se llevaban una “torta” de 800 millones de pesos anuales. Ahora, calculan, se quedarán con la mitad.
Es que, amparada en lo que establece el artículo 42 de la ley 13.927, la Provincia se quedará con el 50 por ciento de la recaudación y el resto irá a las comunas. Aunque para los Jefes eso no está tan claro: “nos manda a los municipios a discutir con la Universidad Tecnológica la distribución del resto”, le confió a INFOCIELO uno de los más enojados por la medida.
Ese artículo prescribe que “cuando las actas de comprobación (es decir las multas) hayan sido labradas por faltas cometidas en rutas o autopistas que atraviesen el ejido urbano, por autoridades de comprobación municipal, el producido por el cobro de multas se distribuirá en un cincuenta por ciento (50%) para el Municipio donde la falta fue cometida, y un cincuenta por ciento (50%) para la Provincia”.
Desde la Dirección Provincial de Política y Seguridad, que depende del Ministerio de Gobierno, que comanda Joaquín De la Torre, explicaron que la decisión tenía como objetivo “transparentar y ordenar”.
Entre las razones que encuentran en el Gobierno para justificar el cambio de reglas, se esgrime la existencia de convenios “poco claros”, “caídos” y sin justificación. Es que, aseguran, los municipios utilizaban las fotomultas para “recaudar” en lugar de generar prevención vial.
La versión de los intendentes es un poco más pragmática: “necesitan recaudar porque se les viene un ajuste feroz y están manoteando de todos lados”, aseguran, mientras sacan cuentas y mastican bronca.
Como compensación por la quita, la Provincia les da a las comunas la potestad de instalar radares en suelo urbano y quedarse con el 90 por ciento de la recaudación. Para eso debían justificar la necesidad y pedir la habilitación. De más está decir que la propuesta no entusiasmó a nadie: “sólo querían multar a los que pasan por la ruta”, dicen en Gobierno.
La resolución lleva la firma de Victor Stephens, Director Provincial de Política y Seguridad Vial, pero los intendentes le apuntan a la figura de Iván Budassi como autor intelectual de la medida. Budassi, ex titular de ARBA en los tiempos del sciolismo, recaló en el Ministerio de Gobierno en diciembre de 2017, de la mano de Joaquín De la Torre.
En Seguridad Vial negaron que Budassi esté tras la iniciativa. Lo cierto es que, como Subsecretario de Gestión Gubernamental, el bahiense tiene a su cargo la dirección que capitanea Stephens.
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