Con el aval de la diputada Graciela Camaño y el sugestivo “faltazo” del senador Miguel Ángel Pichetto, que viajó a Córdoba para una reunión de Alternativa Federal, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura dio un paso para consolidar la denuncia del Gobierno contra el juez federal Alejo Ramos Padilla.
Se trata del magistrado de Dolores que tiene a su cargo la causa en la que se investiga una red de espionaje ilegal que tiene contra las cuerdas a miembros de los tribunales de Comodoro Py, como el fiscal Carlos Stornelli, y a figuras del oficialismo como Elisa Carrió y Paula Olivetto, a quienes se llegó por sus lazos con el falso abogado y presunto espía Marcelo D’Alessio.
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Ramos Padilla fue objeto de informes periodísticos de Jorge Lanata y de Luis Majul este fin de semana, y hoy esa embestida tuvo su correlato institucional. Aprovechando la ausencia de Pichetto, el consejero Pablo Tonelli, Consejero por el Poder Legislativo y diputado de Cambiemos, convocó a una reunión de la Comisión.
Allí se impulsó una votación que tuvo el acompañamiento de otras espadas oficialistas como el consejero por el ejecutivo Juan Bautista Mahiques, el polémico juez Juan Manuel Culotta –que fue puesto “a dedo” al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata durante las elecciones de 2017-, entre otros, y contó con el aval de Graciela Camaño, que representa a la oposición.
En los hechos, lo que se votó hoy implica que se lo notifique del proceso en su contra, además de convocarlo a hacer su descargo. “No es un movimiento definitivo, pero nos pone en alerta”, dijeron desde la oposición, que se sorprendió por la actitud de los consejeros de la oposición.
“Se resolvió notificar en los términos del artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación al Dr. Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal de Dolores, y a la Dra. Sylvia Raquel Aramberri, titular del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, respecto a denuncias formuladas en su contra actualmente en trámite ante la Comisión”, consignó la página oficial del organismo.
El proceso contra Ramos Padilla fue iniciado por el propio Gobierno, que acusa al magistrado de haber montado un show mediático a partir de su exposición en la comisión de Libertad de Expresión del Congreso, donde brindó los primeros detalles sobre la causa que instruye.
“La mafia está moviendo sus fichas”, consideró el ex consejero y actual diputado nacional Rodolfo Tailhade al enterarse de la novedad. El legislador enhebró el episodio de hoy con las “operaciones mediáticas” del fin de semana y “la posición de (el fiscal federal, Carlos) Stornelli que insiste en mantenerse prófugo y no ir a declarar el viernes”, para hablar de un “intento de disciplinamiento” contra el juez.
Esta semana, el juez de Dolores procedió a pedir el desafuero del fiscal Stornelli, a quien considera una pieza del andamiaje que se montó para llevar a cabo las operaciones mediático-judiciales que constan en el expediente. Es que el funcionario de Comodoro Py se niega sistemáticamente a declarar en carácter de imputado, toda vez que, asegura, no tiene garantías de parte de Ramos Padilla.
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