El ex subprocurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Soler, analizó el fallo favorable a Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Según el especialista, el demandante tiene tres caminos posibles para revertir esta derrota. Las imprudencias de Javier Milei le dan esperanzas.
“¿Qué chances tiene el fondo Burford de revertir esta resolución?”, le preguntó Albino Aguirre al abogado en su paso por FM Cielo. “Muy pocas”, respondió Soler antes de enumerar las razones. “Si el fallo hubiera sido en contra de la Argentina, la Argentina se quedaba casi sin posibilidades de revertirlo. Podía ganar tiempo yendo a la a la Corte Suprema, pero no había mucho más“, expresó.
Esencialmente, el fondo que le hizo juicio al país tiene tres posibilidades, muy remotas, de dar vuelta el litigio. Uno es acudir al máximo tribunal de Estados Unidos para que revise la sentencia de segunda instancia. “La Corte Suprema de Estados Unidos toma en promedio 100 casos al año de 8.000 más o menos que se le presentan y solamente toma los casos que son de suma importancia constitucional. No quiero ser aventurado, pero es muy improbable no ya que revierta el fallo de la Corte, sino que siquiera lo tome“, indicó Soler.
El segundo camino es pedirle a la misma Cámara de Apelaciones de Nueva York que revise la sentencia amparándose en el voto disidente, cosa que también es “muy improbable” para el exsubprocurador del Tesoro. Esto se debe a que “el que votó a favor (del fallo de primera instancia) escribió solamente cuatro páginas y en esencia lo que dice es ‘no estoy en desacuerdo, está muy bien escrita la el voto de la mayoría, entiendo el razonamiento, pero hay una jueza de primera instancia que ha llevado el caso muchos años, que está más cerca de los hechos que nosotros'”. Para soler esto es “una disidencia muy limitada”.
Finalmente, la tercera alternativa que evalúa el fondo demandante es acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Para descartar esta opción, Soler explicó que el juicio por la expropiación de YPF “encaja mal en las competencias del CIADI”. En primer lugar porque pasaron 14 años desde el supuesto incumplimiento, segundo porque “le costaría mucho fallar en sentido contrario” al de la Justicia norteamericana y, tercero, porque el CIADI debe dirimir conflictos con inversores extranjeros, pero todo esto surge de sociedades de un grupo empresario argentino (Eskenazi).
Los aciertos del gobierno libertario y las imprudencias de Milei
Ahora bien, un dato esperanzador para Burford es que el presidente de la Nación, Javier Milei, sigue diciendo que la expropiación “estuvo mal hecha”. Soler explicó que “es una declaración imprudente porque es la máxima autoridad del Estado”.

“Si el día de mañana nos encontramos en el CIADI, si bien no va a ser eso un elemento decisivo para perder o ganar el juicio, no va a ser agradable para quienes nos defiendan en esa audiencia tener que escuchar que la contraparte, quienes nos demandan, citan a favor de su postura una declaración del presidente de la Nación“, explicó.
Más allá de esta situación, el abogado matriculado en el NY State Bar destacó que “el fallo es una gran noticia para el país y se debe a una multiplicidad de causas”. “La principal es que a lo largo de todos los años que transcurrió el caso, desde 2015 hasta la actualidad, fue defendido de una manera coherente por las distintas administraciones”, afirmó.
En lo que respecta al gobierno libertario hubo tres decisiones positivas, al menos para Soler. La primera es que confirmaron como abogados al estudio que venía patrocinando a Argentina desde hace 4 años. La segunda decisión correcta es que confirmaron en el cargo a la directora nacional de asuntos y controversias internacionales y a la subdirectora. “Funcionarias de carrera excelentes, que también venían trabajando en el caso desde hace años y son seguramente las que trabajaron el día a día, intensamente estos dos años”, según el abogado.
Finlamente, el tercer acierto de la administración libertaria es haber seguido la línea argumental planteada por Argentina en el fallo de primera instancia. Vale aclarar que “no podían hacer otra cosa porque el derecho procesal estadounidense muy claramente dice que la apelante no puede plantear argumentos nuevos en una apelación”, aclaró Soler.

