El jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, es uno de los impulsores —junto a la diputada Micaela Olivetto, presidenta de la comisión de juegos de azar, lotería y prevención de la ludopatía— del proyecto integral que busca ponerle un freno definitivo a la ciberludopatía. La iniciativa, que introduce herramientas inéditas como la validación biométrica y el corte automático de sesión, apunta al corazón financiero de las empresas licenciatarias.
En diálogo con INFOCIELO, el legislador recordó que la proliferación de este flagelo ya había sido advertida en la Legislatura hace casi una década: “En el momento que se aprobó la ley que las habilitó, la única que planteó esta situación fue Teresa García, que dijo que ‘cada persona va a tener un casino en su bolsillo’. En ese momento la trataron de loca, pero hoy, casi 10 años después, vemos los resultados”.
UN GOLPE A LA RENTABILIDAD Y EL RESCATE DE LOS CLUBES DE BARRIO
El núcleo duro del proyecto peronista busca reconfigurar el negocio millonario de las plataformas, exigiéndoles aportes directos que se reinviertan en la sociedad. “Cuando uno mira los números de utilidades que tienen estas licenciatarias son increíbles. Uno tiene que mirarlo tres o cuatro veces para entender cuántos ceros tienen”, graficó Tignanelli.
Frente a esta asimetría, el objetivo central de la ley es redireccionar esas ganancias para sostener a las instituciones sociales golpeadas por la crisis. “Lo que se busca es achicar el margen de rentabilidad de estas licenciatarias y que esa diferencia vaya para la gente, para los lugares donde la comunidad se desarrolla y que están bastante hechos mierda por las políticas macroeconómicas que se llevan adelante”, disparó el legislador.
En ese sentido, detalló con precisión el destino de los nuevos fondos recaudados: “Son los clubes de barrio, los centros de jubilados, los centros culturales y también para financiar becas para los atletas y deportistas de alto rendimiento de la Provincia”, quienes hoy, según explicó, “tienen dos trabajos y no cuentan con el tiempo para poder entrenarse como corresponde”.
EL FRENO A LA FUGA DE CAPITALES EXTRANJEROS
Además del rol social, Tignanelli apuntó contra la matriz societaria de las empresas que operan en territorio bonaerense: “Más del 70% de los capitales son extranjeros: griegos, australianos, del Reino Unido. Tienen un socio local que funciona como franquiciante. Vienen, sustraen recursos de la Provincia y automáticamente giran las utilidades al exterior”.
Para frenar esta sangría, el proyecto exige un encaje financiero de seis meses en el país antes de girar dividendos y establece que, al momento de renovar las licencias, las empresas estarán obligadas a radicarse exclusivamente en la provincia de Buenos Aires con capital social 100% nacional.
Otro de los ejes de la normativa es desalentar el ingreso de nuevos usuarios atacando directamente la maquinaria de marketing de las empresas. Para ello, se les cobrará a las casas de apuestas un gravamen del 100% sobre lo que inviertan en publicidad. Ese dinero “se destinará al Ministerio de Salud y a los municipios para tratar las patologías producto de esta actividad”.
A la par de las restricciones comerciales, el proyecto avanza sobre el mercado clandestino con la creación de una fiscalía temática especializada. “La Justicia tiene que tener poder de fuego para hacer cesar rápidamente a las plataformas ilegales, que le permiten jugar a menores y tienen fondos dudosos, y también a ese montón de famosos que vemos haciendo publicidades de un negocio ilegal”, sentenció el dirigente peronista.
LOBBY, TERMINOLOGÍA Y EL MITO DE LA PROHIBICIÓN PROVINCIAL
Consultado sobre por qué la Legislatura demoró tantos años en llevar estos expedientes al recinto, Tignanelli no anduvo con rodeos y reconoció el peso del sector: “Se discuten fuertes intereses, es una pelea fuerte la que hay que dar. Desde tiempos inmemoriales, el juego tiene un poder gravitacional muy importante en todos los territorios“.
Finalmente, el titular del bloque oficialista aclaró por qué el proyecto se enfoca en una regulación estricta y no en una prohibición total, respondiendo a los sectores que piden el cierre definitivo de las plataformas. “Si nosotros lo prohibiéramos en la provincia de Buenos Aires, lo único que estaríamos haciendo es que jueguen en una plataforma habilitada de Santa Fe o de CABA. No haríamos cesar la actividad. Una decisión política de prohibir las apuestas tiene que venir de una ley nacional, como pasa en Brasil”, argumentó.
Como paso previo y batalla cultural, Tignanelli dejó en claro una premisa fundamental que atraviesa toda la redacción de la ley: “Planteamos claramente que deje de llamarse juego y se empiece a llamar apuestas, que es como verdaderamente se debe llamar”.
