En el interior de los feminismos, la discusión por el trabajo sexual, genera debates candentes que no son de fácil resolución, pero la cuestión ronda en torno al rol que adopta el Estado como interventor. A este análisis se sumó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz.
En su paso por Lado P, la funcionaria dejó de lado las posturas moralistas que suelen ganar terreno en la discusión y puso el foco en las acciones que se deben implementar desde la política para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual de motu proprio.
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En el medio, se cruzan los debates por la problemática que representa el delito de trata de personas con fines de explotación sexual que, principalmente, tiene como víctimas a niñas, mujeres y personas trans. Pero las políticas anti-trata terminan perjudicando a las y los trabajadores sexuales, entonces, ¿qué hace la política?
“Nosotras trabajamos con todos los sectores”, sentenció Estela Díaz en diálogo con Lado P, sentando una posición “neutral” entre las propuestas abolicionistas y las de regulación de la práctica del trabajo sexual como medio de vida. Para la ministra esa postura neutral “es respetuosa”.
La funcionaria aclaró que esta decisión se tomó porque “es como se autodefinen quienes están en prostitución o en trabajo sexual, y a las propuestas que vienen haciendo”. “En algunos casos son coincidentes, porque todavía plantean un sistema represivo, fue muy difícil la situación en el contexto de la pandemia”, señaló.
Las políticas públicas que analiza el Gobierno
Díaz lo dejó sin rodeos: “El Gobierno tiene que generar oportunidades de trabajo”. El trabajo sexual, para quienes lo ejercen es, justamente, un trabajo y su medio de vida, hoy condenado a ser ejercido en un contexto de suma marginalidad.
“Se debe generar que quienes quieran dejar la prostitución tengan oportunidades reales para dejarla y tiene que garantizar condiciones para que no haya abusos y explotación”, postuló. Al tiempo que aclaró que en la Argentina no se criminaliza la prostitución individual, sino que se penaliza el proxenetismo y la comercialización sexual.
“Si respetamos el marco normativo y tuviéramos un contexto real de inclusión, no deberían tener problemas y no debería haber confrontación con el marco normativo que nosotras tenemos”, aseguró.
¿Qué pasa con la “zona roja” en La Plata?
La ministra, que fuera concejala hace años atrás, marcó que puntualmente que “es muy difícil la situación en la ciudad de La Plata donde además en los últimos años hubo cinco travesticidios en el contexto de la zona de comercialización del sexo”.
La funcionaria destacó que se haya puesto en marcha una mesa de trabajo promovida por el Ministerio, algo que actualmente llevan adelante las concejalas del Frente de Todos en la capital de la provincia para que se vuelva a colocar una mesa para acordar qué se hace con la conocida como “zona roja”. “Hay atentado a la vida de las personas allí y el municipio se había retirado”, cerró.
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