Un ex funcionario de Coronel Dorrego fue condenado por realizar obras para favorecerse. Se trata de Horacio Ullmann, quien en el año 2017 era el titular de Obras Sanitarias y Alumbrado Público del distrito durante la gestión del radical Raúl Reyes.
La justicia comprobó que mandó a ejecutar trabajos de cloaca en un sector en el que había dos departamentos de su propiedad ubicados en Gregorio Juárez, entre Costa e Yrigoyen, sin haber pasado la iniciativa por el Concejo Deliberante y utilizando fondos del presupuesto que no estaban autorizados.
Incluso, el propio Ullmann reconoció que se realizaron sin autorización pero que se debió a un “error administrativo” y que existió además “una cuestión política”.
Una denuncia de la oposición
La denuncia fue realizada por el entonces concejal de Unidad Ciudadana, Osvaldo Barcelona, hombre fuerte del peronismo local y ex titular de Metrogas durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.
El juez Cristian Yésari, del Tribunal en lo Criminal N° 1, lo condenó por el delito de peculado, daño y abuso de autoridad, a 2 años y 4 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos.
Endeudamiento: a horas de la sesión, el oficialismo sigue sin los votos para aprobarlo
A las 16 debería sesionar la Cámara Alta para intentar aprobar el “mini presupuesto” con endeudamiento pedido por el gobernador Kicillof en mayo, pero Magario no tiene los votos para su aprobación. a las 14 habrá reunió de labor legislativa. Qué pide la oposición.
Además, para evitar la cárcel, durante 3 años, Ullmann deberá realizar tareas comunitarias, fijar residencia, someterse al control y seguimiento del Patronato de Liberados.
Según explicó Barcelona oportunamente, “se sortearon al menos cuatro firmas de certificación de obra” y “fue realizado con la complicidad de más de un funcionario”.
Inicialmente la causa fue desestimada por el fiscal Sebastián Foglia, quien consideró que que no constituía un delito de acción pública, y que debía resolverse en el ámbito administrativo.
Por eso, el denunciante apeló la medida ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca y el organismo le dio la razón.
