Mientras el gobierno bonaerense comenzó a defender su proyecto presupuestario del año que viene, el PRO de la Provincia salió a marcarle la cancha. Luego de la exposición del director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sobre la ley impositiva 2023 y antes de un encuentro clave entre el gabinete de Axel Kicillof e intendentes de Juntos por el Cambio, el partido amarillo avisó que “no acompaña ninguna reforma previsional irresponsable”. Concretamente: la modificación del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia.
Se trata de un proyecto para modificar la Ley 15.008 sancionada en 2017 que le quitó el 82% móvil a los jubilados del BAPRO. El gobernador bonaerense es uno de los impulsores de la reforma que busca volver al régimen anterior e, incluso, se lo prometió al gremio La Bancaria. “Vuelvo a pedir a nuestra oposición que el daño ya lo hizo, que ahora nos ayuden a arreglarlo”, había dicho en agosto de este año. El daño al que refirió está vinculado a las 3500 demandas judiciales iniciadas contra la norma y al planteo de inconstitucionalidad presentado por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.
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En este marco, el PRO bonaerense que preside el funcionario porteño Jorge Macri emitió un comunicado para volver a rechazar la iniciativa oficialista. “Frente a tantas cuestiones básicas sin resolver, no vamos a permitir que se sigan insistiendo en aumentar el déficit para sostener las jubilaciones de unos pocos, imponiendo antiguas reglas de juego que hacen insostenible al sistema previsional“, argumentaron. Es que, según sostienen desde el partido amarillo, la caja de jubilaciones del BAPRO tenía “un déficit financiero, crónico y estructural” porque los aportes previsionales solo financiaban “alrededor de la mitad del gasto que implica el pago de jubilaciones y pensiones”.
Quizás sea una herramienta de negociación con el gobierno de Kicillof para votar el presupuesto 2023 y su ley impositiva. Lo cierto es que la reforma sigue trabada en la Legislatura Bonaerense por falta de consensos. En paralelo, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense convocó a una audiencia para tratar el tema el lunes 14 de noviembre y en la última audiencia informativa avisó: o se resuelve en la Legislatura o se declara inconstitucional antes de fin de año.
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