A 9 meses de la asunción de Javier Milei, la motosierra fue pasando por distintas dependencias del Estado nacional. Le tocó a la Línea 144, a Télam, al reactor nuclear CAREM, entre otros. Ahora le tocó a la agencia nacional del cannabis.
A través del Decreto 833/24, el presidente de la nación dispuso la intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Se trata del organismo creado por ley en 2022 que supo controlar un intendente bonaerense.
La idea de la agencia era fomentar la producción y la investigación vinculada a la planta de cannabis, sus semillas y productos derivados. Sin embargo, en el Decreto hablaron de “falta de persona, una inadecuada operatividad, falta de emisión de licencias y autorizaciones habilitantes”.
Con esos argumentos, la administración libertaria decidió intervenir el organismo por el plazo de un año con posibilidad de prorrogarlo por otro año. Quien quedó a cargo del organismo es el médico Ignacio Ferrari, un especialista en oftalmología que integra una organización dedicada a brindar consultoría terapéutica basada en cannabis medicinal.
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Según la norma publicada en el Boletín Oficial, el interventor deberá “proceder a una reorganización profunda de la ARICCAME” y efectuar “un rediseño organizativo”. Esto incluye administrar los recursos humanos y regularizar todos los programas y proyectos que tenía en marcha la agencia.
Cambios en el REPROCANN
Este no es el primer cambio que el gobierno libertario impone sobre la industria del cannabis medicinal. De hecho, en mayo de este año comenzó a auditar el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) que funciona en el Ministerio de Salud de la Nación.
Ese proceso terminó con cambios en el trámite para obtener la autorización necesaria para usar o cultivar cannabis medicinal. Desde entonces, algunas instituciones están preocupadas por los retrocesos en el área que puede obstaculizar tratamientos médicos.
