A una semana del escándalo judicial que lo tuvo como protagonista, y muy cerca de terminar tras las rejas, Pablo Moyano deberá comparecer –junto a otras 17 personas- ante el fiscal Sebastián Scalera, el que pidió su detención, en el marco de la causa por asociación ilícita en la que está imputado.
El fiscal sostiene que Moyano le daba entradas a la barra brava que regenteaba “Bebote” Álvarez, el mismo que radicó la denuncia. Por ese delito, pidió prisión preventiva para el líder de Camioneros, pero el juez de Garantías, Luis Carzoglio, lo desestimó.
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El magistrado decidió eso en medio de denuncias respecto de “aprietes” de parte de la Procuración General, a cargo de Julio Conte Grand, y de amenazas en su contra y de su familia, que lo motivaron a pedir licencia. Apaciguados los ecos de ese sainete, el gremialista deberá concurrir el jueves 1 de noviembre a las 8:30 a Lomas de Zamora.
El fiscal cree que la Barra obtenía “determinados beneficios del club Independiente (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso a estadio, viajes, etc)” y que en ese entuerto el “facilitador” era el propio Pablo Moyano, que, con su complicidad, permitía “la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley”.
El clan Moyano interpretó las imputaciones del fiscal y el pedido de prisión preventiva como un apriete, por el que responsabilizó al Gobierno. “Son todas estupideces que le imputan a Pablo”, supo decir Hugo, el Padre, tras amenazar con un paro nacional, toda vez que, aseguró, “no hay motivos para detener a Pablo sólo por lo que diga este personaje mamarracho del `pavote´ Alvarez”.
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