La interna por el control de la empresa Industrias Alimenticias Pavón Arriba (Inalpa) sumó un capítulo de alto voltaje en el sur de Santa Fe. Una disputa entre accionistas derivó en un procedimiento judicial, una persecución automovilística y el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo.
El episodio ocurrió durante un operativo de aseguramiento de pruebas realizado en la planta que la compañía tiene en Pavón Arriba. La medida había sido solicitada por Nicolás Coscia, accionista minoritario de la firma, en el marco de una disputa por el manejo financiero y contable de la empresa.
Según trascendió, durante la inspección Coscia habría observado que un empleado se retiraba del establecimiento con un bolso. Ante la sospecha de que podía estar trasladando dinero que debía ser verificado por la Justicia, decidió seguirlo con su vehículo.
La persecución se extendió durante aproximadamente 20 kilómetros y terminó en la localidad de Cuatro Esquinas, donde efectivos policiales interceptaron ambos automóviles.
Dentro del vehículo perseguido viajaba un gerente del área de Logística de Inalpa. Durante el procedimiento, los agentes encontraron y secuestraron alrededor de 60 millones de pesos, dólares, euros y tres cuadernos con anotaciones.
Tanto Coscia como el empleado fueron demorados y trasladados inicialmente a una dependencia policial de Acebal. Sin embargo, horas después recuperaron la libertad, luego de pasar por el Instituto Médico Legal de Rosario.
Desde la representación legal de Inalpa sostuvieron que el dinero trasladado estaba destinado a cancelar un pago comprometido con un proveedor y que la operación se encontraba debidamente registrada en la contabilidad de la compañía. Pese a esa explicación, la Fiscalía de Rosario dispuso mantener el secuestro del dinero y de la documentación.

Una disputa por el control de Inalpa
Detrás del episodio hay un conflicto societario que enfrenta a Nicolás Coscia, heredero de una participación accionaria, con los socios mayoritarios de la alimenticia: la familia Boglich y Darío Coscia, tío del demandante.
La disputa gira alrededor de las cuentas de la compañía, el reparto de dividendos y el valor de las acciones que Nicolás busca vender.
El accionista minoritario sostiene que no percibe utilidades desde 1990 y cuestiona los balances, las decisiones de las asambleas y el monto que le ofrecen por su participación. También reclama explicaciones sobre el funcionamiento financiero de la firma y plantea sospechas sobre posibles movimientos que no estarían reflejados en la contabilidad formal.
Del otro lado, los accionistas mayoritarios argumentan que la empresa mantiene una política de reinversión de ganancias para sostener su actividad y que no distribuye dividendos por esa razón. Además, consideran que las denuncias forman parte de una estrategia de Coscia para elevar el precio de su salida de la sociedad.
El conflicto se profundizó en un contexto económico complejo para la compañía, afectada por la caída del mercado interno. Según Coscia, el último balance reflejó pérdidas cercanas a los 3.000 millones de pesos.
La conducción de Inalpa, por su parte, presentó estados contables cerrados en junio de 2026 que consignan una disponibilidad de caja de 813,3 millones de pesos.
La medida judicial buscaba realizar un arqueo de fondos y revisar libros contables, actas societarias y conciliaciones bancarias. Ahora, el episodio ocurrido durante el operativo abrió un nuevo frente de investigación en el ámbito penal.

El antecedente de Nicolás Coscia con “La Joya Agro”
El nombre de Nicolás Coscia también había tomado notoriedad meses atrás por otro conflicto judicial, esta vez vinculado al negocio ganadero con el influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como La Joya Agro.
En marzo de 2026, Riboldi denunció públicamente la desaparición de aproximadamente 190 cabezas de ganado, valuadas en unos 300 millones de pesos. Los animales habían sido entregados bajo un acuerdo de pastaje y engorde en un establecimiento rural de la zona de Santa Teresa vinculado a Coscia.
Tras una denuncia ante la Fiscalía de Villa Constitución y distintos procedimientos policiales, fueron encontrados 161 animales en un feedlot de Chabás.
La investigación estableció que Coscia había comercializado los animales mediante una consignataria por unos 267 millones de pesos, utilizando documentación de traslado de Senasa.
Inicialmente, el empresario fue imputado por una presunta defraudación por abuso de confianza. Sin embargo, sostuvo que existía un acuerdo comercial previo, cuestionó la cantidad de animales denunciada y aseguró que Riboldi estaba al tanto de los movimientos.
Finalmente, en junio de 2026, el fiscal Ramiro Martínez resolvió archivar la causa penal, al considerar que la investigación estaba agotada y que no existían elementos suficientes para sostener una acusación delictiva.
En medio de aquella controversia, el directorio de Inalpa también había emitido un comunicado para aclarar que Coscia era únicamente accionista y que nunca había integrado la administración ni trabajado en la compañía.
Ahora, con el secuestro de dinero y documentación durante el operativo en Pavón Arriba, la disputa por el futuro de la alimenticia vuelve a quedar bajo la lupa judicial.


