El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público, a raíz de declaraciones realizadas a la prensa británica en las que sostuvo que la recuperación de las Islas Malvinas debería darse “cuando los isleños así lo deseen”. La presentación fue realizada este miércoles 21 de enero ante la Justicia Federal y recayó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°12, a cargo del juez Julián Ercolini.
La denuncia se produce luego de que la entidad intimara formalmente al mandatario mediante una carta documento para que se retractara de esos dichos. Ante el silencio del Presidente y la falta de respuesta a esta intimación, el CECIM avanzó con la vía judicial, tal como había anticipado. Los hechos cuestionados se remontan a una entrevista concedida por Milei, donde el Presidente argentino aseguró, “el territorio sólo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”.
Al ser consultado por INFOCIELO sobre cuál es la conducta concreta que consideran violatoria de los deberes de funcionario público, el abogado del CECIM La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, explicó que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de episodios que, a juicio de la organización, configuran un apartamiento deliberado de la política histórica del Estado argentino en relación a Malvinas. “Este es como el último episodio, más allá de que nosotros creemos que en sí mismo constituye un acto deliberado y contrario a la normativa nacional”, señaló.
En ese sentido, remarcó que las declaraciones del Presidente vulneran de manera directa la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. “La cláusula exhorta a sostener bien en alto, cuando uno es funcionario del Estado, el reclamo por la reivindicación de la soberanía y la integridad territorial argentina en relación a Malvinas. Y obviamente la Constitución habla de tener en cuenta el modo de vida de las personas que habitan las islas, pero no sus deseos”, remarcó Guerrero Iraola.
El eje de la denuncia
El abogado fue enfático al marcar la diferencia entre ambos conceptos: “Ellos habitan suelo argentino. Podemos eventualmente tener en cuenta su modo de vida para no avasallar, pero nunca el deseo. Nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestro diseño institucional rigen para todo aquel que habite el suelo argentino”. Desde esa perspectiva, sostuvo que los dicho de Milei implican “un cambio rotundo de las políticas históricas de la República Argentina en relación a la cuestión Malvinas”, una política que definió como uno de los grandes consensos democráticos construidos desde el retorno de la democracia, junto al Nunca Más.
La denuncia presentada ante la Justicia también advierte sobre las posibles consecuencias internacionales de estas declaraciones. Al respecto, Guerrero Iraola explicó que Milei no habla como un ciudadano común, sino en su carácter de jefe de Estado. “Es el presidente de la Nación que ostenta el carácter de plenipotenciario. Los plenipotenciarios son figuras que obligan a los Estados ante la comunidad internacional. Cuando se expresa de esta manera, puede traer serias desventajas en el posicionamiento histórico de la República Argentina”, afirmó.
En el escrito judicial, el CECIM hace hincapié en la idea de que las declaraciones de Milei “condicionan el histórico posicionamiento” argentino y podrían ser utilizadas por el Reino Unido en futuros escenarios diplomáticos o jurídicos. Además, se remarca que el Presidente habría actuado “con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias”, vulnerando no solo la Constitución Nacional, sino también leyes vigentes, resoluciones de Naciones Unidas y declaraciones aprobadas por el Congreso argentino.
Desde la organización aclararon que este episodio no es el primero que motiva acciones contra el actual gobierno. Guerrero Iraola recordó que ya habían promovido un pedido de juicio político contra Milei tras su discurso del 2 de abril de 2025, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y mencionó también un comunicado conjunto emitido en 2024 por la Cancillería argentina y una autoridad británica que, según sostuvo, iba en la misma línea que las actuales declaraciones del Presidente.
Consultado sobre qué esperan ahora de la Justicia Federal, el abogado aseguró que el CECIM llevará el caso “hasta las últimas consecuencias”. “No podemos pasar por alto este tipo de cuestiones. Le hemos pedido a la Justicia no solo que avance con la investigación, sino que produzca pruebas. En la denuncia hay una enorme cantidad de medidas probatorias solicitadas para echar luz sobre esta situación”, explicó.
Finalmente, Guerrero Iraola advirtió que lo que está en juego excede una discusión discursiva y tiene un impacto directo sobre la soberanía nacional. “No podemos tolerar que la posición tan importante que la República Argentina ha tenido a lo largo del tiempo en relación a Malvinas, con hitos diplomáticos como la Resolución 2065 de la ONU, termine tirada al piso por un presidente que se aparta deliberadamente de eso, sin consenso, sin pasar por el Congreso, de una forma estrictamente unilateral, temeraria y delictiva”, concluyó.
